Ingresaron a la Legislatura los Expedientes Nº 98 y 99 del Poder Ejecutivo dirigidos a la presidenta del Poder, en los que el primer mandatario provincial  remitió los vetos a las sanciones legislativas que propician por un lado la  auditoría a SEChEEP y además, la bonificación al Cargo Específico. Ambos fueron puesto a consideración y tras un extenso debate en el recinto legislativo  pasaron a comisiones, con preferencia para una sesión.

El Gobernador Oscar Domingo Peppo fundamentó el veto a la sanción legislativa 2.991-A de auditoría  externa a la empresa SEChEEP, considerando que la empresa del Estado provincial, está bajo la órbita de competencia del Tribunal de Cuentas, en función de la Ley 831-A y 1.092-A y conforme a su organización estatuaria, no está obligada a presentar informes de auditoría de estados contables legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Indicó además que es el mismo Tribunal de Cuentas quien ejerce sus funciones, de control y de jurisdicción, respecto de la empresa, por lo que siendo así, la realización de una auditoria externa prescindiendo de la intervención del Tribunal de Cuentas, surge categóricamente infundada, inmotivada e irrazonable, lo que pone en crisis su constitucionalidad.

Por su parte, en el veto a la sanción legislativa 2.992-A a la bonificación del cargo específico a los usuarios de la empresa de servicios energéticos, Peppo recordó que la creación del Cargo Tarifario Específico  y su cesión a un Fideicomiso Financiero, fue con el objetivo de lograr el desarrollo de proyectos de obras de infraestructura destinados a aumentar la capacidad de trasmisión y distribución de energía a ser desarrollados en la provincia.

Además indicó que el Fideicomiso Financiero titular del Cargo Específico ha recibido desde su constitución al día de la fecha fondos del mercado de capitales por la suma de 600 millones de pesos, por lo que la promulgación de la ley daría lugar a incumplimientos de los contratos y normas que rigen el Fideicomiso y que además afectaría fuertemente las posibilidades de la provincia de poder acceder al mercado de capitales local e internacional.

Finalmente, remarcó el hecho de que la potestad tarifaria es una atribución  propia, exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio no puede ser renunciado, además dicha potestad se deriva de las facultades de organización administrativa que le corresponden, esencialmente y por principio al Poder Ejecutivo.