La Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra) es recibida ayer por el Secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, donde transmite gran preocupación luego de los aumentos aprobados en facturas de luz y gas en todo el país. Bernardo Voloj, secretario general de la asociación, exterioriza la situación particular del Chaco. 

Colectivamente, se expone la preocupación de usuarios, comercios y pymes y el impacto de la quita de subsidios a los precios estacionales en la generación, en la época de mayor consumo, dado que los usuarios no son libres de elegir al prestador y por ello es necesario contar con previsibilidad, gradualidad y accesibilidaden la información. 

Luego, Chirillo explica esquemas de subsidios y políticas en materia de eficiencia energética que se pretenden implementar, y recepcionó las quejas y preocupaciones en la materia.

“Al ser una provincia electrodependiente, pedimos una mirada especial para el Chaco. Solicitamos una revisión de los topes de subsidios para clases medias y grupos vulnerables. Pedimos que se mantenga el tope de consumo para los meses de verano, además que se trabaje una ley de zonas cálidas, teniendo en cuenta las altas temperaturas”, enuncia al respecto, Bernardo Voloj, defensor del pueblo. 

La reunión también sirve para esclarecer que la deuda que tiene la provincia con la empresa Cammesa no tiene relación en el impacto a las tarifas. 

Medidas solicitadas a Secheep y al Poder Ejecutivo

Frente a la preocupación creciente de los usuarios, la Defensoría del Pueblo solicita tanto al Poder Ejecutivo Provincial como a Secheep un paquete de medidas para mitigar el impacto a los usuarios chaqueños ante la gran escalada de aumentos. 

Por un lado, la revisión de las boletas de los períodos de abril y mayo, que triplica al del período anterior en muchos casos, la no generación de facturas nuevas para períodos que aún no son medidos y con consumos estimados, al igual que la implementación de una tarifa social provincial más amplia que la existente, incrementando los kilovatios-hora (kWh) subsidiados y ampliando el universo de beneficiarios.

También la creación de un sistema provincial de segmentación, la realización de campañas promoviendo el uso racional y eficiente de la energía, la extensión a 60 días el plazo de aviso de corte de servicio,  con dos facturas impagas y la continuidad del beneficio energético para clubes deportivos y entidades civiles para asegurar la continuidad de sus actividades. 

De la misma manera, desde el organismo se reitera que no se puede realizar el corte de servicio a las personas electrodependientes bajo ninguna circunstancia. 

Todos estos pedidos ya son solicitados previamente en el mes de mayo, por ende se reitera que sean puestos en consideración.  

“El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano fundamental reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se estableció que los aumentos tarifarios no pueden ser confiscatorios ni afectar el derecho a la vivienda digna ni el acceso a los servicios esenciales. A la hora de tomar decisiones sobre las tarifas en servicios esenciales, hay que tener en cuenta la delicada situación económica de gran parte de la población. Esto amerita respuestas mucho más flexibles y adecuadas a la capacidad financiera y patrimonial de los usuarios y usuarias del servicio”, enfatiza Voloj.