Desde APTASCh expresan su "repudio al decreto por el que se aplica una sanción expulsiva de cesantía a las profesionales farmacéuticas Analía Mansilla, María Ángeles Acuña y Miriam Torresi de la Farmacia Central, Dirección de Programación y Gestión de Insumos Médicos, en relación con el robo de más de 220 mil kilos de leche en el año 2.018”.

“Son profesionales con décadas de desempeño en el sistema, sin manchas en sus legajos, trayectoria reconocida por colegas y pares profesionales, a las que el Gobierno deja sin su fuente laboral y hace responsables del hecho. Vulgarmente hablando son las ‘perejiles’ a las que el gobierno aplica una “sanción ejemplificadora” deslindando toda su responsabilidad sobre ellas, utilizando como argumento principal el que conocían las condiciones del depósito de ruta 16 donde se produjo el robo y que había una agente becada a cargo del depósito”, exponen desde la asociación sindical.

“Es el colmo de un Estado que negrea a los trabajadores y culpa a las profesionales de tener personal en negro a su cargo. Por supuesto que ni el Gobierno ni el Ministerio indagan en las responsabilidades de los cargos ejecutivos superiores y los responsables políticos en este hecho de tamaña gravedad”, apuntan.

“Por otro lado, esta decisión está afectando seriamente a todo el sistema público de salud ya que esta Dirección se ha quedado sin personal y sin quien tenga la firma habilitada, por lo cual no se reciben insumos ni se los puede distribuir, con la urgencia que existe a lo largo de toda la provincia de provisión de elementos de protección personal a raíz de la pandemia, como así también medicamentos y demás insumos”, señalan en APTASCh.

“Exigimos que se retrotraiga de inmediato la medida disciplinaria y acompañamos a estas profesionales de Salud Pública en la lucha por resguardar sus derechos, vulnerados gravemente por esta decisión administrativa sin la seguridad de que se hayan observado todos los pasos del debido proceso disciplinario”, finalizan.