La Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco rechaza públicamente el Decreto N°2.761/19, del Poder Ejecutivo Provincial, el cual crea a partir del 1 de agosto de 2.019 el concepto Adicional Remunerativo. En tal sentido, considera la Unión Judicial que “nuevamente otorga mayores porcentajes en adicionales a jueces y secretarios, que triplican los que otorga a los trabajadores, sin respetar ni la Constitución Nacional ni la Provincial, ignorando acuerdos preexistentes firmados con el Ministerio de Justicia de la Nación y lo consensuado por la Mesa Salarial del Poder Judicial en las reuniones realizadas este año, en las cuales autoridades del Poder Judicial junto a los tres gremios judiciales y las dos asociaciones que agrupan a magistrados, funcionarios y jueces de paz, coincidieron en que los incrementos para lograr la readecuación salarial con respecto a otras provincias serían respetando nuestra Ley de Porcentualidad”.

“El Gobierno de la provincia una vez más hace caso omiso a varias sentencias judiciales ratificadas por la Corte Suprema de Justicia, incumpliendo con la palabra empeñada y demostrando que no piensa en cuidar la caja de la provincia ya que con su accionar generará nuevos juicios en contra de las arcas del Estado provincial”, sostiene el sindicato que encabeza Walter Bernard.

Estima que “ninguno de los gremios judiciales que representan a los trabajadores del sector puede estar de acuerdo con estos porcentajes injustos que sospechosamente premian a los jueces quienes deben garantizar el estado de derecho y desdeñan al conjunto de trabajadores que sostienen con su labor y capacitación diaria este servicio esencial para el pueblo”.

Asimismo, anuncia que “una vez más presentaremos todos los recursos a nuestro alcance para impedir que esta nueva provocación de parte de quienes detentan el poder vaya en perjuicio de los trabajadores, a quienes solicitamos que en estos momentos trascendentales para nuestro futuro y el de nuestros hijos, se preparen para acompañar las decisiones que se definan en las próximas asambleas en búsqueda de garantizar nuestros derechos”, concluye.