Greenpeace advierte que el proyecto de Ley 423/2024 que actualiza el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco se realiza sin participación indígena y permitirá el desmonte legal de más de un millón de hectáreas. Además, señala que desprotege corredores de conservación de grandes mamíferos como el yaguareté y “legaliza” las recategorizaciones prediales otorgadas en la gestión de Peppo.

En un documento enviado a los legisladores y al Ejecutivo provincial, Greenpeace alerta que, de aprobarse, la nueva normativa forestal “permitirá el desmonte legal de más de un millón hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmara en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2.022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2.030. Las actualizaciones de los OTBN de las provincias deberían ir en esa dirección”. 

Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2.022 en la provincia de Chaco se desmontan 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital que realiza Greenpeace detecta la deforestación de 57.343 hectáreas sólo en 2023. 

Destacar la organización ecologista “la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2.021, 2.022, 2.023 y lo que va de 2.024, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 20020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. 

La organización ambientalista señala que “la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II - amarillo, al pasarlas a Categoría III - verde, algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.

Finalmente, Greenpeace resalta la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación: “no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos  obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”.