
Trabajadores del transporte definen el corte del servicio, en la siesta resistenciana.El reclamo es por el atraso en la acreditación de los salarios.
El defensor del pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, asevera que “no es suficiente” la documental respaldatoria del estudio de costos del boleto de colectivos, presentada para la audiencia pública del viernes 24. Sostiene que “la convocatoria no transmite confianza”.
Actualidad - Provincia
El defensor del pueblo, Gustavo Corregido, se refirió a la audiencia pública de mañana, viernes 24 de agosto, en la que se definirá un nuevo aumento del pasaje del transporte público de pasajeros. “La convocatoria no transmite confianza”, consideró.
Para la ocasión, el Ejecutivo provincial presentó un estudio de costos en el que estima un boleto de colectivo a 15,96 pesos. Al respecto, Corregido señaló que “la documental respaldatoria de los cálculos no es suficiente”. En tal sentido, recordó: “En la audiencia pública de febrero ocurrió lo mismo, por lo que desde la Defensoría presentamos una acción judicial que está por dictarse sentencia”.
“En ese expediente los cálculos presentados por la Subsecretaría de Transporte son incongruentes con la información aportada por la misma oficina en esta audiencia pública”, expresó el ombusdman chaqueño.
“Es la segunda audiencia en este año y es la segunda vez que los funcionarios no inspiran confianza a los usuarios”, dijo Corregido. “Desde la Defensoría hemos recomendado al Gobierno Provincia y a la Cámara de Diputados adoptar la metodología regulada por el Ministerio de Transporte de la Nación mediante la Resolución N° 37, la cual dispone una metodología cierta”, apuntó.
Respecto a este instrumento, aseguró que “de haberse adoptado no estaríamos con conflictos permanentes y con la zozobra de cómo va a desarrollar el estudio de costos el funcionario que esté de turno”.
“Queremos una metodología de costos que esté determinada por ley; eso facilitará la participación de los usuarios y hará más democrática la audiencia pública”, indicó.
Para finalizar, afirmó: “La arbitrariedad de esta audiencia pública es manifiesta y reiterada en forma obstinada, perjudicando a los usuarios y generando inseguridad por no ser transparente”. “Entiendo que debería llamarse a una audiencia conforme a la ley de audiencias públicas, con un estudio de costos razonable y con la documentación respaldatoria que lo avale”, concluyó.

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