Conflicto judicial en Chaco: magistrados avanzan en una bonificación exclusiva y en el desplazamiento salarial de los trabajadores

Puntos clave del conflicto

Reanudación de la causa: Se reinicia en el Centro de Estudios Judiciales el expediente "Alonso de Martina y otros", suspendido desde abril de 2025.

Bonificación exclusiva: Los magistrados impulsan un nuevo marco legal para percibir un adicional salarial reservado únicamente para jueces y funcionarios.

Ataque a la porcentualidad: Buscan modificar o derogar el sistema salarial de enganche (Ley 468 A) para cortar el vínculo histórico de actualización con los empleados.

Jueces y parte: Magistrados en funciones integran un tribunal ad hoc para resolver sobre sus propios aumentos salariales, vulnerando la imparcialidad y la cosa juzgada.

Exclusión laboral: La medida deja fuera del esquema de mejoras al personal administrativo y técnico que sostiene el engranaje operativo de los tribunales.

En el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, ubicado en Juan B. Justo 42, la tensión institucional alcanza un punto crítico cuando se reanuda la audiencia en la causa "Alonso de Martina y otros", un proceso judicial que permanece en suspenso desde el 11 de abril de 2025. El núcleo del conflicto radica en la intención manifiesta de redactar un nuevo proyecto legislativo destinado a crear una bonificación de carácter exclusivo para magistrados y altos funcionarios.

Esta estrategia persigue la modificación profunda o la derogación directa del sistema salarial de porcentualidad establecido por la Ley 468 A (conocido popularmente como el enganche), con el objetivo deliberado de excluir por completo a los trabajadores judiciales. La mesa de discusión congrega a los representantes institucionales junto a los magistrados impulsores de la demanda original y a jueces en funciones que integran un Superior Tribunal Ad hoc, configurando un escenario donde los funcionarios actúan simultáneamente como jueces y parte actora de sus propias resoluciones.

Desde el sector gremial advierten que esta cúpula judicial sentencia sobre sus propios beneficios económicos, vulnerando abiertamente el principio de cosa juzgada. La maniobra apunta a despojar el sistema porcentual para concentrar los privilegios en la cúspide de la pirámide, marginando al personal operativo que sostiene diariamente el funcionamiento de la administración de justicia en la provincia. Ante este panorama de marcado descontento, la convocatoria a la base trabajadora se multiplica en busca de frenar lo que califican como un avasallamiento de los derechos laborales.