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Movilización y reclamo central: La comunidad Wichí marcha en el día 12 de acampe hacia el Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya para exigir que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) apruebe una medida cautelar urgente contra el "genocidio silencioso" en El Impenetrable.
Denuncia de desabastecimiento: El petitorio denuncia que el gobierno provincial dejó sin efecto una orden judicial previa que proveía de agua, alimentos y asistencia médica a las comunidades, incumpliendo las leyes nacionales y el Convenio 169 de la OIT.
Avance institucional: La presión de las marchas y la intervención de la Defensora Adjunta, Gisela Wirtz, logran que el STJ termine de conformar el tribunal de magistrados para tratar la causa.
Crecimiento de la protesta: El acampe en el predio "la balanza vieja" se expande con la llegada de nuevas familias de parajes rurales (Río Muerto y El Sauzal) y se relanza una campaña solidaria para sostener las ollas populares.
MISIÓN NUEVA POMPEYA (Junio de 2026) - El conflicto indígena en el norte chaqueño alcanza un nuevo punto de tensión. En el día número 12 del acampe en el predio de "la balanza vieja", una masiva movilización de las comunidades Wichí se dirige esta mañana hacia el Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya. La marcha, que concentra a caciques, pastores, dirigentes, ancianos y jóvenes de todo El Impenetrable, busca presionar al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que apruebe de forma urgente una medida cautelar penal que proteja a la región ante lo que definen como un "genocidio silencioso".
Una comitiva unificada, con la presencia destacada de vocales del Instituto de Aborigen Chaqueño (IDACh), logra entrevistarse con la jueza local de la VI Circunscripción Judicial. En la Mesa de Entradas del Juzgado de Garantías, los líderes indígenas formalizan la entrega de un duro petitorio y exigen a la magistrada que actúe como nexo inmediato con las máximas autoridades judiciales de la provincia.
"Estamos acampando al costado de la ruta desde hace 12 días, pasando hambre, frío y necesidad, esperando que alguien nos vea y nos escuche. En nuestras comunidades falta agua, falta comida, y hay hermanos muriendo por falta de atención médica y remedios", reza el crudo diagnóstico del documento.
La presentación judicial expone una grave irregularidad institucional: el Estado provincial mantiene en suspenso una orden judicial previa que obligaba a abastecer de agua y alimentos a la región. Según denuncian los manifestantes, esta marcha atrás sume a las familias en un "sufrimiento diario" y vulnera los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT.
Mientras la presión legal surte los primeros efectos —tras la inspección de la defensora adjunta, Gisela Wirtz, el STJ termina de constituirse con los magistrados que restaban integrarse—, el foco de la resistencia civil se consolida. El acampe sigue creciendo con el arribo diario de familias provenientes del campo profundo, como los parajes Río Muerto y El Sauzal. Para sostener la logística y las ollas populares de quienes levantan sus carpas en el predio, los dirigentes relanzan una campaña solidaria civil a la espera de una respuesta judicial definitiva.
