La Cooperativa de Motomandados pide a la Municipalidad de Resistencia garantice movilidad que respete la dignidad

La Cooperativa de Motomandados plantea la falta de regulación de las apps de transporte por habilitación de graves violaciones a derechos humanos. Hace un llamado a la Municipalidad de Resistencia para “que asuma su responsabilidad, actúe con celeridad y firmeza, y garantice una movilidad que realmente respete la dignidad”.

La Cooperativa de Motomandados denuncia con profunda preocupación la insuficiencia de regulación y control del servicio de transporte y deliverys mediante aplicaciones en la Municipalidad de Resistencia, provincia de Chaco, y advierte que esta omisión estatal favorece la vulnerabilidad de usuarias y usuarios, con consecuencias graves que hoy se manifiestan de forma dramática.

Hecho-clave

Una joven de 19 años denuncia haber sido abusada sexualmente por el conductor de una unidad contratada mediante aplicación de transporte tipo “moto-Uber” en Resistencia.
Según su relato, tras solicitar el traslado hacia el domicilio de su madre, el conductor la desvía, detiene el recorrido y comete el abuso. 
La víctima aporta capturas de pantalla de la aplicación en que figuran los datos del conductor y de la motocicleta. 

“Fallo estatal en control y prevención”

Plantea la Cooperativa de Motomandados que: 

– “No existe una supervisión municipal efectiva de los servicios de transporte mediante apps: tanto en su habilitación, como en su seguridad, control de antecedentes de conductores, vehículos y cobertura de seguros”.
– “La falta de regulación deja un vacío en el que operan actores sin control estatal, lo que incrementa exponencialmente el riesgo para las personas usuarias, en especial mujeres y niñas”.
– “La ausencia de protocolos de seguridad, registro y monitoreo permanentes facilita que conductores sin capacitación, sin filtros o con antecedentes minimizados presten servicios en condiciones de riesgo”.
– “Al no existir sanciones efectivas ni mecanismos de exigencia clara al municipio, se reproduce un escenario de impunidad y dejación que atenta contra derechos constitucionales al transporte seguro, a la dignidad humana y a la integridad personal”.

Consecuencias concretas

1. La violencia sexual y abusos que sufren usuarias de estos servicios ambulantes se vuelven plausibles —como el caso denunciado muestra.

2. Se generan zonas grises en la prestación del servicio, donde la responsabilidad del municipio, de la plataforma (o apps) y del conductor queda diluida o directamente ausente: quien sufre un daño queda sin reparación eficaz.

3. Se erosiona la confianza de la comunidad en el sistema de transporte, aumentando la sensación de inseguridad y desprotección, lo que afecta la movilidad urbana, la participación de las mujeres en la ciudad y el ejercicio pleno de sus derechos.

4. La carencia de estadística, control y transparencia impide que se identifiquen patrones de riesgo, que se adopten medidas preventivas y que se evalúe la efectividad de las políticas públicas de movilidad.

Reclamos concretos al Estado Municipal de Resistencia

Asimismo expone los siguientes requerimientos:

– “Que el municipio promulgue urgentemente una normativa clara para regular las aplicaciones de transporte (moto, auto u otros vehículos), que contemple: registro obligatorio de conductores, verificación de antecedentes penales y de tránsito, control vehicular, seguro vigente, habilitación municipal periódica, protocolo de atención a casos de violencia o abuso”.
– “Que se habilite un registro público de las apps autorizadas en el municipio y de las unidades que pueden prestar servicio, para que la ciudadanía sepa a quien contrata”.
– “Que se cree o fortalezca un órgano de fiscalización municipal con facultades para inspeccionar, sancionar y clausurar servicios informales que operen al margen del marco regulatorio”.
– “Que se diseñen campañas de prevención orientadas especialmente a usuarias mujeres, adolescentes y colectivos vulnerables, informando los derechos, riesgos y rutas de reclamación en caso de incidentes”.
– “Que se contemple una política de reparación efectiva para víctimas de abusos en el marco de servicios de transporte con apps, con acompañamiento institucional, acceso al patrocinio gratuito y seguimiento de los casos”.

Conclusión

En último término, la Cooperativa de Motomandados concluye que “la protección del derecho a la movilidad segura no puede depender del azar ni del buen criterio individual de cada conductor o plataforma. El Estado municipal de Resistencia tiene la obligación de garantizar que todo servicio de transporte se preste bajo estándares mínimos de seguridad, transparencia y control. La omisión de esa obligación no es una cuestión técnica sino un factor que expone a las personas a riesgos de violencia sexual, explotaciones y vulneraciones graves de sus derechos humanos —como tristemente se ha concretado en el reciente caso denunciado”.

"Hacemos un llamado urgente a la Municipalidad de Resistencia para que asuma su responsabilidad, actúe con celeridad y firmeza, y garantice una movilidad que realmente respete la dignidad, la seguridad y la igualdad de quien la utiliza", solicita Fabio Zerpa, presidente de la organización.