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El diputado nacional chaqueño del PJ convoca a una jornada de la Comisión de Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la cámara baja. Se trata de un punto clave en el financiamiento para las provincias.
El diputado nacional chaqueño Juan Manuel Pedrini (PJ), presidente de la comisión de Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados de la Nación, convoca a una reunión clave para este martes 5 de agosto.
Esta reunión pondrá en el centro del debate a dos fuentes fundamentales de financiamiento para las provincias: el impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo reparto viene siendo cuestionado por legisladores y mandatarios provinciales.
Según Pedrini, el gobierno de Javier Milei estaría reteniendo ambos fondos sin respetar su destino legal, lo que afecta directamente la obra pública, el sistema previsional y la construcción de viviendas sociales.
"Nación se está quedando con esos fondos y no los reparte", sentencia el legislador. La importancia del tema crece luego de que el Senado otorgara media sanción a un proyecto que propone coparticipar estos recursos entre las provincias.
En la reunión de este martes estarán presentes funcionarios clave del Ministerio de Economía: el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y el titular de ARCA, Juan Alberto Pazo.
El objetivo será esclarecer el uso actual de los fondos y presionar para que se garantice su redistribución conforme a la normativa vigente.
Pedrini ya ha puesto sobre aviso que el Ejecutivo nacional no está cumpliendo con la ley que regula el destino del impuesto a los combustibles, lo que implica un desfinanciamiento directo para obras viales, viviendas del FONAVI y el sistema jubilatorio.
"No se está construyendo vivienda social ni se reparan rutas", alerta.
Además, sostiene que, en caso de que el presidente Milei vete la ley una vez aprobada por Diputados, se podrá insistir con los dos tercios del Congreso. Y pese a que descarta una ruptura institucional entre los gobernadores y la Casa Rosada, deja en claro que este conflicto representa “un límite frente al centralismo fiscal y al manejo discrecional de los recursos por parte del Gobierno nacional”.
