El defensor del pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, presentó este viernes una acción de amparo contra la Subsecretaría de Transporte de la Provincia y contra la Municipalidad de Resistencia, con el fin de que se declare la nulidad de la última audiencia pública. El motivo es que el municipio debía también fijar un valor para el transporte urbano, algo que no ocurrió.

La Defensoría del Pueblo requirió también se declare la inconstitucionalidad de los instrumentos administrativos que con posterioridad se dicten como consecuencia de dicha audiencia.

Además, se solicitó una medida cautelar de no innovar, ordenando a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia del Chaco y/o Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco y/o Municipalidad de Resistencia, se abstengan de aplicar un nuevo cuadro tarifario para el transporte público interurbano y transporte urbano, en relación a la audiencia que se ataca.

En este contexto, Corregido expresó que “encontramos suficientes motivos para pedir la nulidad de la audiencia pública; las fallas administrativas son recurrentes y reiteradas, y las audiencias no inspiran confianza a los usuarios”.

“Si se va a realizar un nuevo aumento, queremos que sea claro para la sociedad. Al igual que en la audiencia pública de febrero, al estudio de costos le falta documental respaldatoria”, aseguró el defensor.

“Necesitamos una metodología de costos determinada por ley, para facilitar la participación de los usuarios y hacer más democrática la audiencia pública”, planteó el ombusdman chaqueño.