Esta mañana, el defensor del pueblo, Gustavo Corregido, junto al asesor técnico Daniel Retamozo, realizaron una conferencia de prensa en la que se explicó detalles de los ítems que consideran “contienen datos erróneos en el estudio de costos que realizó la Subsecretaría de Transporte de la Provincia para el cálculo del precio del boleto de colectivos interurbanos”.

“En el estudio de costos presentado por la provincia, la compensación por subsidios corresponde solo al aporte nacional, aunque públicamente se ha mencionado la existencia de subsidios provinciales de los cuales no existe información alguna”, destacó el ingeniero Retamozo al presentar el primer dato que marco como incierto en el cálculo. Además resaltó que “falta de determinación de los parámetros fundamentales que se consideran para el cálculo de la tarifa”.

Sobre esto aclaró que los datos precisos con los que se cuentan son los subsidios totales nacionales, recaudación total y kilómetros totales recorridos por las unidades afectadas al transporte público en el período de febrero 2017 a enero 2018. Estos datos son comprobables y figuran en los registros de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

En base a eso, señala que el valor que se toma como compensación de subsidios nacionales es de 14,80388 pesos. A su vez apunta que debe existir un equilibrio entre los ingresos por kilómetros y el costo total por kilómetro, sin embargo en el estudio de costos en esos ítems y de acuerdo a las variables comprobables hay una diferencia de 4,60 pesos que debe cubrirse con el incremento de la tarifa, esto considerando que se mantendrá el ingreso por subsidios  del período anterior.

“Esto significa que a si hay 1,96 pasajeros por cada kilómetro,  repartimos el déficit del sistema de $/km 4,60 entre ellos, de lo que resulta que debe incrementarse la tarifa en 2,35 pesos”, precisó.

A esto, Retamozo apuntó que “esos 2,35 pesos de incremento por cada pasajero sumados a los  8,54 pesos que actualmente se abona por el servicio, dan como resultado que la tarifa debería ser de 10,89 pesos y no los 11,50 pesos que indica el estudio de costos de la Subsecretaría de Transporte”.

Más cuestionamientos

Por otro lado, Retamozo remarcó que hasta el momento la mencionada Subsecretaría no ha aportado datos a la Defensoría del Pueblo acerca del subsidio provincial por el cual la tarifa actual es de 8,54 pesos.

Así también cuestionó la ausencia de cálculos e información acerca de la “empresa tipo” uno de los principales parámetros del estudio que asevera que es erróneo. “La Subsecretaría de Transporte de la Provincia no aporta cálculo de la empresa tipo consignando directamente que la misma tiene 22 coches. No se sabe de dónde surge esa cantidad de coches que luego incide en todo el cálculo”, plantea.

De acuerdo a los datos que brindó, del ítem empresa tipo nace el cálculo de parámetros sobre la cantidad de coches, kilómetros recorridos,  cantidad de personal de conducción, costo de seguros del personal, gastos generales, retribución a la gestión empresaria, impuesto al patrimonio, etc. “Con este dato impreciso y sin que se especifique el origen, sólo se genera incertidumbre sobre el resto de las variables”, cuestionó el defensor del pueblo.

Según Retamozo, del estudio de costos que envía la Cámara de Empresarios de Transporte Automotor del Chaco a la Defensoría del Pueblo, se desprende que la empresa tipo contaría con 14,56 coches y los cálculos de Retamozo indican que lo apropiado sería calcular con 14 coches, de acuerdo a lo que indica la Resolución 37/13 para el cálculo de acuerdo a la flota y la cantidad de líneas que circulan en el servicio interurbano. “Esto indica que La Subsecretaría de Transporte de la Provincia realiza su estudio de costos con datos erróneos”, remarcó.

“Según los datos aportados por la Subsecretaría, el sistema de transporte interurbano del Gran Resistencia cuenta con 140 coches de los cuales la mitad corresponden a la empresa ERSA  y la otra mitad se reparte entre 5 empresas. Considerando que el cálculo de la empresa tipo consiste en encontrar una empresa ficticia que represente a las empresas del sistema, la empresa ERSA debe ser considerada como equivalente a las otras 5 empresas, por lo tanto, la empresa tipo tendrá 70 coches / 5 líneas = 14 coches/línea”, detalló. 

Por otro lado, Retamozo también precisó que en la información que la Subsecretaría aportó recién el 1 de marzo, se calcula de acuerdo a formularios de AFIP sobre el personal, un coeficiente de 2,3 choferes por vehículo, lo cual hace insostenible que en la actualidad se utilice el parámetro de 2,5 choferes por unidad que registra en el estudio de costos del gobierno para hacer los cálculos.

También Retamozo sostiene que en los papeles puede verificarse que “las empresas del medio no cuentan con el personal que se consigna en los estudios de costos, elevando considerablemente los costos finales”.  Según su análisis la estructura que corresponde a la empresa tipo debería contar con los siguientes parámetros: el valor de empresa tipo debe ser de  14 unidades, los kilómetros anuales por unidad deben tener el valor de 85.000 Km, los km anuales empresa tipo deben usar el valor de 1.190.000 km, los conductores por unidad deben considerarse 2,3 choferes/unidad, los conductores por empresa tipo deben tomarse como  32 choferes y el salario del conductor alcanza los 25.240,04 pesos. Además apunta a que el total de personal a los fines de establecer el costo de la tarifa sería de 41 empleados en la empresa tipo, no los 72 utilizados en el estudio de costos de la provincia.

“Considerando la misma estructura de Costos que aplica la Subsecretaría de Transporte de la Provincia y con las consideraciones respecto de la cantidad de personal indicadas, llegamos a que el costo podría descender a 10,12 pesos y que aún podría variar – dependiendo de los datos y condiciones contractuales  a evaluar - cuando se aporte a la Defensoría del Pueblo la totalidad de la información solicitada”, advirtió Retamozo.

Finalmente el defensor del pueblo marcó que “estos fundamentos que surgen tras el análisis de la documental que presentó la Subsecretaría de Transporte de la provincia confirman que esa dependencia no cumple con los requisitos de haber entregado información oportuna, veraz y completa como indica la Ley  de Acceso a la Información Pública.  Esto no permite la efectiva tutela de los derechos establecidos en la Ley de Audiencias Públicas de la provincia del Chaco”, concluyó Corregido.