Denuncian endeudamiento por decreto de más de $ 476 mil millones y acuden a la Justicia sin aval legislativo
El gráfico superior ilustra cómo se visualizan y monitorean los indicadores de deuda pública y sus variaciones históricas en tableros de control financiero.
SÍNTESIS DE PUNTOS CLAVE
Monto bajo observación: Operación superior a $ 476 mil millones aprobada mediante decreto sin intervención previa de la Legislatura.
Garantía en juego: Compromiso vinculado a fondos de coparticipación federal, clave para el sostenimiento estatal.
Postura opositora: Los denunciantes califican la medida como un endeudamiento histórico sin respaldo constitucional.
Cuestionamiento al destino: Reclaman precisiones sobre el paradero del dinero ante la falta de obras visibles y mejoras salariales.
Vía institucional: Impulsan acciones ante la Justicia y los organismos de control para determinar responsabilidades administrativas y legales.
Diputados de la oposición acuden este viernes a la Justicia y a los organismos de control para denunciar la aprobación por decreto de un acuerdo financiero que supera los $ 476 mil millones, un trámite que —según sostienen los legisladores— elude la autorización obligatoria de la Cámara de Diputados. Durante una conferencia de prensa centrada en el posicionamiento de los bloques opositores, los dirigentes afirman que el mandatario "endeudó a generaciones de chaqueños, y queremos saber qué hizo con toda esa plata, porque escuelas, hospitales y rutas no hizo, y los sueldos están congelados", al tiempo que definen la maniobra como el debate sobre deuda pública sin aval legislativo en el ámbito parlamentario.
En el centro de la postura de los denunciantes figura el impacto sobre los recursos de coparticipación federal, que los legisladores señalan como ingresos de coparticipación federal y su rol en el financiamiento público. Los representantes opositores remarcan que el convenio compromete fondos sensibles y sostienen que "contrajo esa deuda violando la Constitución provincial porque no solicitó la autorización de la Cámara de Diputados", además de advertir que el esquema "contempla garantías sobre recursos de la coparticipación federal", definidos por los denunciantes como "ingresos fundamentales para financiar el funcionamiento de la provincia, la salud, la educación y los salarios".
Al contrastar la magnitud del compromiso con antecedentes recientes, los legisladores sostienen que esta operación "a escondidas de los chaqueños" constituye "la deuda más grande de la historia de la provincia" y aseguran que "esa deuda queda chica frente a tamaño endeudamiento", en alusión al bono de US$ 250 millones. En esa misma línea jurídica, los dirigentes enfatizan el rol del poder legislativo y del control constitucional al señalar que el control del crédito público y las atribuciones constitucionales exigen debate previo: "La Constitución lo establece taxativamente para evitar que una sola persona decida endeudar a generaciones de chaqueños", completando el cuadro con la denuncia de que el mandatario "renunció a un juicio que la Provincia le había iniciado a la Nación ante la Corte Suprema para defender esos mismos fondos, y los organismos de control, que debían frenarlo, lo dejaron pasar 'sin objeciones'".
Finalmente, los legisladores opositores concentran su reclamo en la rendición de cuentas y en el avance de las presentaciones ante la Justicia y los organismos de control, bajo el amparo de los mecanismos de control y transparencia de la administración pública. "No vemos recuperación salarial, no vemos las obras. Queremos conocer las operaciones realizadas, los destinos de los fondos y las condiciones que aceptó el Gobierno provincial", expresan los denunciantes, y concluyen que impulsan las actuaciones "para que se investigue la legalidad de esta operación, sus condiciones y las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron, porque ningún gobernador está por encima de la Constitución".