La Defensoría del Pueblo realiza el pedido a Vialidad Nacional y a Corredores Viales SA de “la no aplicación de los incrementos tarifarios previstos en la Resolución 2023-681 apn, hasta que primero no se garantice una efectiva participación de los  usuarios, al igual que el acceso  a la información veraz,  completa y detallada,  que evidencie dicho aumento”.

Un informe realizado por la institución da cuenta que “en el caso de los corredores viales existentes en el Chaco, sobre todo en el tramo de la casilla de peaje del Puente Chaco-Corrientes, puede observarse desde hace mucho tiempo el deterioro constante de la cinta asfáltica, lo que pone en riesgo la circulación, como así también escasa iluminación, hechos denunciados por los usuarios que lo padecen día a día”.  También menciona que en el caso de las rutas concesionadas en la provincia del Chaco, “se ha pedido que se detalle un plan de obras y mejoras previstas para el mantenimiento de los tramos concesionados”.

“Más allá de los valores de las actualizaciones, entendemos que el proceso para solicitar estos incrementos es confuso y no solo no garantiza una efectiva participación ciudadana, sino que es sumamente restrictivo. Además, es importante saber cómo es la traducción en términos de obras o mejoramientos y los incrementos solicitados de forma detallada y precisa”, resalta el defensor del pueblo Bernardo Voloj.

Importancia de la audiencia pública 

La Defensoría chaqueña recomienda a la Dirección Nacional de Vialidad, y por su intermedio a las demás autoridades, que “se modifique  el procedimiento de participación ciudadana, previo a todo incremento tarifario, utilizando el mecanismo de la audiencia pública. El sistema de audiencia pública es el medio más idóneo para obtener una participación ciudadana acorde a los parámetros previstos en la constitución nacional y el derecho convencional”.

“También se propone incorporar a su sitio web, información referente a costos, incrementos, plan de obras, y demás información necesaria, a fin de no pasar por alto el derecho de los usuarios a obtener información, buscando así bregar por el resguardo de los derechos de la comunidad”, expone.