La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco hace saber al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, mediante nota de fecha 26 de junio del corriente, el respaldo y apoyo institucional al proyecto de Ley N° 922/2.020, enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, donde se regula el Régimen de Licencias para la Administración Pública Provincial, en la que se dispone la Licencia Anual de Invierno de Carácter Obligatorio, de 24 días corridos, la que comprende “Feria Judicial” para el Poder Judicial de la Provincia del Chaco. “Ello, atento el crecimiento alarmante de contagios de COVID-19 y el número de muertes en el área Metropolitana, lo cual repercute directamente dentro del mismo Poder Judicial, tales como los acaecidos en el Juzgado de Paz N° 1, Dirección de Personal, Dirección de Administración y Juzgado de Faltas, todos de la ciudad de Resistencia”, explica el gremio que encabeza Walter Bernard.

Asimismo, la Unión Judicial solicita el resguardo del derecho al Debido descanso y esparcimiento, asegurando el derecho al goce de los recesos judiciales, “por cuanto desde el dictado de las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia que dispusieron el receso extraordinario judicial así como el servicio judicial de emergencia, con reanudación de plazos procesales, los trabajadores judiciales no estuvieron de vacaciones, sino encerrados en sus casas y cumpliendo la cuarentena obligatoria, imposibilitados de realizar cualquier actividad de esparcimiento y/o vacacional, realizando trabajo remoto, cumpliendo guardias mínimas y trabajando incluso de forma presencial en los casos en que se dispuso oportunamente la reanudación de plazos procesales”.

Por otra parte, ante la solicitud de entidades que nuclean a los profesionales del derecho  con el objetivo de poner en marcha de manera urgente la normalización inmediata y total del servicio de justicia, se advierte al Alto Cuerpo mediante nota de fecha 27 de junio de este mes, acerca del “accionar temerario de las entidades nombradas, lo que atenta gravemente contra la Salud Pública y en especial del personal judicial, teniendo en cuenta el crecimiento alarmante de contagios de COVID-19 y el número de muertes en el área Metropolitana, se traduce en un accionar irresponsable, la pandemia y el virus no se combaten con aplicación jurídica o técnica legal, sino con medicamentos y/o vacunas, los que a la fecha no existen y por ese motivo se ha determinado la cuarentena, no existe otra forma de combatir esta Pandemia que no sea mediante una cuarentena estricta para la mayor cantidad de personas posibles”, plantea.