El secretario general de UPCP, José Niz, sostiene que “el objetivo de la regionalización administrativa es delegar la prestacion de los servicios esenciales transfiriendo a los municipios responsabilidades que son exclusivas del Poder Ejecutivo provincial: Salud, Seguridad y Educación”.

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“Con una discursiva de promover mayor participación de los municipios, desarrollo local y control ciudadano, bajo la apariencia de confusas fórmulas de consenso se transgrede la Constitución Provincial, aplicando la municipalización de los servicios públicos”, planteó el gremialista.

Niz, advirtió, que “con la excusa de optimizar los recursos financieros, económicos, institucionales y humanos de la administración pública provincial, se avanza en la municipalización de los servicios de salud, seguridad y educación, lo que implica una delegación de facultades, derechos, obligaciones y responsabilidades a los municipios, sin respaldo legal promoviendo una evidente transgresión a nuestra Constitución Provincial”.

“Como pueblo del Chaco, elegimos nuestros gobernantes para que reparen la deuda que tienen con la comunidad, cumpliendo cada uno de los artículos de nuestra Constitución”, aseveró el dirigente del sindicato estatal. 

Además, afirmó que “en una provincia calificada por el INDEC con el mayor índice de pobreza estructural, la municipalización de los servicios estatales de seguridad, salud y educación, etiquetándolo como ‘descentralización’, no sería una medida que promueva la participación y el desarrollo territorial”.

“Conceptualmente la descentralización para el derecho administrativo es una forma jurídica en que se organiza la administración pública, mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de personalidad jurídica, patrimonio propio, y responsables de una actividad específica de interés público. Es evidente que este concepto no es aplicable a las Municipalidades ni tampoco a la transferencia de responsabilidades a nivel de gobiernos locales que no están habilitados por la Constitución a ejecutarlos”, consideró Niz.

“En realidad, la descentralización tiene como objetivo que las dependencias públicas presten servicios en las diferentes regiones para que el poblador pueda acceder a los servicios en su territorio y no requiere la asignación de jurisdicción y competencia a los municipios”, indicó el sindicalista. A lo que seguidamente apuntó que “los servicios esenciales se encuentran en manos del gobierno provincial y lo que debería hacer es facilitar oficinas descentralizadas para tornar eficiente el acceso a los servicios, tal como ocurre en la actualidad”.

“La municipalización implica la delegación de facultades que son propias y exclusivas del Poder Ejecutivo Provincial y afectan de modo directo a la comunidad que demanda urgente solución, a los procesos de vaciamiento programado, de las que han sido objeto las diferentes dependencias del Gobierno Provincial, sobretodo en el área de salud y otras áreas que deben brindar servicios esenciales para la comunidad”, señaló.

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“La Constitución de la Provincia del Chaco, a partir de la reforma de 1.994, se enrola en una de las más modernas, establece la responsabilidad del Ejecutivo Provincial en materia de prestación de servicios esenciales y los Municipios son autónomos y se rigen por sus propias leyes orgánicas sancionadas por los Concejos Municipales”, afirmó Niz.Tras lo cual indicó que “Pretender a través de un denominado ‘acuerdo voluntario de municipios’ modificar los niveles de responsabilidad y funciones de los gobiernos locales con sistemas de control provenientes del Ejecutivo, ataca los principios democráticos y las pautas consolidadas en las que se asienta la gobernabilidad”.

Indicó el representante de UPCP que “pretenden instalar en la comunidad que los municipios pueden desarrollar funciones en materia de construcciones escolares, funciones de porteros, vacunación, control sanitario y seguridad, sin ningún tipo de respaldo legal ni justificación fáctica, reconocido ello por el mandatario provincial, quien aduce que de modo posterior enviará a la Cámara un proyecto de ley para que este proceso sea ratificado, a través de una nueva ley de coparticipación municipal para la transferencia automática de fondos, promoviendo un control ciudadano poco claro que altera la Constitución Provincial que tiene creados los organismos constitucionales para esa tarea.”

“Esta metodología del ‘consenso’, ‘el acuerdo’, ‘el pacto”, aplicado con el objetivo de dejar sin efecto mandatos constitucionales y legales, avizora un proceso de vaciamiento institucional en nuestra provincia”, aseveró Niz.

“Más grave aún es que estos acuerdos o pactos, se asimilan más, a un contrato de adhesión, que a una definición conjunta de políticas públicas que beneficien a todos los sectores. Además, reduce las competencias de la Cámara de Diputados a ratificar retroactivamente actos jurídicos ya ejecutados, alterando el orden constitucional, tal como ocurrió con la Ley de Ministerios 3108-A”, disparó el dirigente de UPCP.