En el marco de un nuevo conflicto salarial que provocó una medida de fuerza de choferes del transporte público del Área Metropolitana durante cinco días, desde la Defensoría del Pueblo del Chaco se hizo una presentación en la Subsecretaría de Transporte de la provincia con el fin de que los usuarios no sean rehenes de las huelgas.

Fue Hugo Maldonado, defensor del pueblo adjunto, el que efectuó la recomendación, acompañado por el secretario de Legal y Técnica Nº 1, Daniel Fornies.

De esta manera, desde la Defensoría del Pueblo del Chaco se recomendó a la Subsecretaría de Transporte que arbitre las medidas pertinentes para la normalización del servicio de transporte público, a la vez que también recomendó que hasta que se resuelva la cuestión de fondo, se garantice la prestación de un servicio mínimo.

Para la presentación, se puso en consideración el artículo 28 de la Ley 8-T -de Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros-, el cual deja expresamente asentado que “los servicios públicos de transporte automotor no deben ser paralizados a causa de conflictos laborales, debiendo los que se suscitaren ser sometidos a consideración de la autoridad competente, manteniéndose normalmente los servicios mientras se desarrollan las tratativas”.

“En caso de incumplimiento a lo establecido precedentemente, el Gobierno de la Provincia por intermedio de los organismos estatales que correspondan, procederá a adoptar las medidas pertinentes para la inmediata normalización de las tareas”, continúa la norma.

También se resaltó el artículo 47 de Constitución Provincial, que refiere a los Derechos del Consumidor y del Usuario y establece justamente que “el Estado Provincial garantiza los Derechos del Consumidor y del Usuario”, a la par que apunta que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos”.

La Carta Magna chaqueña también marca que “la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos, los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial”.

Sobre la situación, Maldonado señaló que “pretendemos que a esto lo tome la Subsecretaría de Transporte y le dé un sentido expedito, atento que el conflicto se mantiene y se siguen vulnerando los derechos de los usuarios del transporte público”.

“Es imperiosa la necesidad de garantizar la prestación de un servicio mínimo”, consideró el defensor adjunto.

Asimismo aseguró que lo que la Defensoría del Pueblo busca es “garantizar los derechos de los ciudadanos en su carácter de usuarios del transporte público”.

Pedido de informes

Por otro lado, se aprovechó la ocasión para solicitar a la Subsecretaría de Transporte que se remita a la Defensoría del Pueblo los informes elaborados en virtud de la audiencia pública del pasado 30 de noviembre.

El fin del petitorio es que la institución pueda efectuar el análisis oportuno de esos estudios para poder definir los pasos a seguir.