La reunión se llevó a cabo en el Centro de Estudios Judiciales, siendo convocada por el Ministerio Público de la Defensa,  y estuvieron presentes diversos funcionarios de todos los poderes del Estado. 

Entre diversas estrategias para descomprimir la situación de extremo hacinamiento y superpoblación, se analizaron propuestas legislativas y criterios de actuación judicial que agilicen el proceso penal, flexibilicen los requisitos para las condiciones del pre-egreso de personas privadas de su libertad y favorezca su reinserción social, laboral y comunitaria.

Entre otras propuestas, se anunciaron nuevas plazas en los diversos complejos penitenciarios de la provincia y fomentar la utilización de dispositivos electrónicos de rastreo y geoposicionamiento satelital en aquellas situaciones que se cumplen con las condiciones necesarias.

Finalmente, todos los presentes acordaron trabajar mancomunadamente para realizar el traspaso de personas alojadas en comisarías, a las dependencias del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la provincia, teniendo como prioridad aquellas que ya se encuentran agotando el cumplimiento efectivo de su condena.

En este ámbito se encuentran participando miembros del Superior Tribunal de Justicia, de la Procuración General, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de los Ministerios de Seguridad, Gobierno, Desarrollo Social y Salud Pública; del Órgano de Revisión de Salud Mental, del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, de la Policía del Chaco, del Comité Provincial de Prevención de la Tortura; como así también, las Asociaciones Civiles Pensamiento Penal y Justicia Legítima Nordeste, entre otras.