SITECH Federación dio a conocer que “en el día de la fecha ha formalizado una denuncia penal contra Daniel Oscar Farías, ministro de Educación, y contra los funcionarios que resultan responsables, a los fines de que se proceda a investigar el hecho de haber incurrido en los delitos tipificados en los artículo 172 inciso II y 239 del Código Penal de la Nación”.




Argumenta el sindicato que conduce Eduardo Mijno que “tiene que ver con el incumplimiento por parte de la patronal de las sentencias judiciales, relacionadas con la devolución de los haberes descontada por días de paro y su abstención de volver a realizarlos, como también la transferencia de los aportes sindicales”.




“Este sindicato, hace responsable no solo al ministro de Educación y a los funcionarios que actuaron, sino también al Gobernador de la Provincia, en cuanto que no puede desconocer, ni puede deslindar responsabilidades ya que en reiteradas oportunidades denunció públicamente la situación de una inestabilidad jurídica, y a contra pelo de sus anuncios, que habla de las transparencias del los actos del gobierno”, expresa en un documento.




Asimismo señala que “en la última reunión de política salarial efectuada el pasado viernes el secretario general de la entidad, ante la presencia del ministro denunció al gobernador comparando a la provincia con un sultanato, en la que la voluntad del ‘sultán’, es la que se impone para todos los ciudadanos, ya que las leyes y las sentencias judiciales pareciera que no rigen para este Ejecutivo, acarreando una inseguridad jurídica”.




“El cumplimiento de las medidas cautelares, no está sujeto a la voluntad del funcionario de turno, son de cumplimiento obligatorio, según lo establece el Código de Procedimiento Laboral Ley 7434, ya que la medida cautelar del Juzgado N° 3, ordena la devolución de los haberes descontados por días de paro que debió haberse efectuado a las 48 horas de que fuera notificado el Ministerio”, plantea SITECH Federación. Asimismo, sostiene que “se profundiza la impunidad y el desprecio a las leyes, como también su maliciosidad del accionar del gobernador, cuando el ministro de Educación al mismo tiempo de convocar al diálogo practicaba nuevos descuentos al sector docente”. En esa línea, reitera que “esto no es una orden de un funcionario menor, sino que es responsabilidad del propio Gobernador que provoca y patotea a los docentes con su accionar, haciendo gala de impunidad de la investidura que lo reviste”.




A su vez, expone “el fallo sobre la transferencia de los fondos de cuotas societarias a este sindicato, que como ya le hemos manifestado, no se trata de recurso del Estado, sino de fondos que el afiliado aporta, marca nuevamente la impunidad con la que se mueve este gobierno, que tras haberse notificado de la sentencia que se originó por la demora de tres meses de transferencia, pagó unos meses, pero luego empeoró la situación original ya que a la fecha adeudan 5 meses”. A partir de esta situación, expresa: “en lugar de cumplir con la misma, la empeora, siendo al único sindicato al que aplica esta maniobra, por no ser aliado a los gobiernos de turnos”.




Ante esta situación, solicita a los fiscales que “tomen inmediata intervención y realicen las investigaciones pertinentes, a los fines de que la impunidad sea desterrada en la provincia del Chaco y los funcionarios responsables reciban la pena que corresponde por parte del juez que intervenga, por la grave inconducta denunciada, como es el requerimiento de la sociedad en general”.