Trabajadores de la Defensoría del Pueblo del Chaco vuelven al paro por tiempo indeterminado, ante la falta de respuestas a los reclamos salariales. Piden la incorporación a los beneficios acordados para todos los demás organismos constitucionales y del Poder Judicial de la provincia.
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Los trabajadores de la Defensoría del Pueblo del Chaco retomar las medidas de fuerza, declarando paro general por tiempo indeterminado desde el martes 22 de agosto, de todo el personal, sin asistencia al lugar de trabajo, atento a la ausencia de respuestas de parte del Poder Ejecutivo, especialmente del ministro de Economía, Pérez Pons.
Solicitan “la incorporación de los conceptos 202, ajuste x revisión descuento 496/22 (Ley N° 3424-A) 01/08/21 y por descuento 1059/22 se extiende a los organismos constitucionales ; 210 incompatibilidad; 046 adicional remunerativo establecido por los Decretos N° 492/18, N° 3033/19; N°855/21; 213 Bonificación por Título en los porcentajes que en cada caso correspondiere, en los mismos términos y alcances que a otros organismos constitucionales (50%) e incremento salarial-Decreto 2023-1775 que es una suma fija remunerativa, no bonificable y acumulativa y que le que fueron otorgados a los demás organismos comprendidos en la Ley N° 2006-A”
Exponen que “luego de haber presentado más de 13 notas, fuimos atendidos el pasado 11 de agosto por el ministro de Economía Pérez Pons, quien nos ha manifestado que evaluarían nuestro reclamo tratando de dar una solución que nos equipare a los haberes del Poder Judicial y nos volvería a convocar para el pasado miércoles 16, situación que no se dio, pese a los numerosos intentos y pasillos caminados como mensajes al funcionario. Que El Poder Ejecutivo, a fin de preservar el poder adquisitivo de los salarios, viene concediendo beneficios a otros organismo, que gozan de la misma jerarquía constitucional, que esta Defensoría, pero sin incluir a este organismo”.
Plantean los trabajadores que los salarios “han quedado totalmente desvalorizados, frente al proceso inflacionario alarmante que vive nuestro país”, plantean que “perciben solo el 35% del haber que corresponde”.
Los agentes de la Defensoría del Pueblo subrayan la “preocupante situación salarial”, ante lo cual solicitan en forma masiva “las transferencias a otros organismos constitucionales”, lo que en la práctica implicaría el cierre del organismo.
Por esto, solicitan públicamente a las autoridades, que se incorpore este organismo, al otorgamiento de todos los beneficios acordados y por acordarse a futuro, para todos los demás organismos constitucionales y Poder Judicial de la provincia del Chaco.
El diputado provincial Nicolás Slimel, titular de la bancada Justicialista critica el proyecto de emisión de bonos por 300 mil millones de pesos por el fuerte endeudamiento. Cuestiona la falta de documentación técnica, proyecciones y criterios de aplicación de los bonos.
El Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chaco realiza las elecciones de renovación de la Comisión Directiva; Comisión Revisora de Cuentas y los delegados a la a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Con lista única, ratifica la conducción de Sebastián Acosta.
Julio Ferro jura como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, y Diego Gutiérrez, asume funciones en el Ministerio de Desarrollo Humano.
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El Gobierno provincial y la Municipalidad de Resistencia lanzan el operativo de control y prevención para las fiestas de fin de año. Contará con personal de la Policía del Chaco y sus divisiones especializadas —Policía Caminera, Bomberos, Canes, COE— en articulación con las áreas municipales de Tránsito, Seguridad Vial, Control e Higiene.
En el gobierno provincial, asumirán este jueves como funcionarios Julio Ferro y Diego Gutiérrez. Serán los nuevos ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y de Desarrollo Humano.
Desde el sector de motomandados alertan sobre el régimen especial para los repartidores de plataforma. Alertan que revela una clara intención de flexibilizar la normativa laboral formal, pero, “en los términos en que está planteada, supone un riesgo grave de violar derechos constitucionales y laborales fundamentales”.
El secretario general de la Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo Hugo Coria, lamenta la falta de convocatoria al diálogo, por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco. Insiste en una convocatoria al sector de los trabajadores para poder llevar tranquilidad económica a los legislativos.
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