El Partido Justicialista junto al Frente de Todos Chaco repudian y denuncian vínculos entre sectores del Poder Judicial, grupos mediáticos, empresarios y políticos de la oposición. Relacionan las causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la regulación del Consejo de la Magistratura.
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Mediante un comunicado, integrantes del Consejo Provincial del Partido Justicialista y de partidos que componen el Frente de Todos Chaco se manifiestan para repudiar, condenar y denunciar los vínculos entre un sector del Poder Judicial, grupos mediáticos, empresarios y políticos del arco opositor. “No hay democracia ni Estado de derecho posible con un Poder Judicial adicto y al servicio del poder económico, parcializado y utilizado como herramienta de persecución política”, afirman.
Los referentes del espacio político exigen la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura - además de la renuncia de los funcionarios públicos involucrados, “y una seria y profunda investigación, acorde a la gravedad de los hechos”, señalan.
El comunicado surge “luego de que se diera a conocer un chat entre jueces, funcionarios porteños y el presidente del Grupo Clarín, como una suerte de respuesta luego de que trascendiera que ese grupo viajó, por invitación de directivos de Clarín, a una zona del Lago Escondido ubicada en las tierras del empresario birtánico Joe Lewis”.
“El encuentro expone nuevamente los vínculos de la justicia de nuestro país con un sector de la oposición”, dice el escrito, a lo que acotan que “se trata de jueces y fiscales que tienen un rol decisivo en la persecución política, judicial y mediática que vienen llevando adelante contra funcionarios pertenecientes al peronismo”. A esto, expresan: “las causas judiciales contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, utilizando el lawfare y que tienen vinculación directa con la jueza Capuchetti, cuestionada por la vicepresidenta por no investigar el intento de magnicidio en su contra”.
Además, denuncian que “en los chats difundidos se observa claramente la comisión y el encubrimiento de delitos como falsificación de documentos, falso testimonio, censura directa, y amenazas de continuar armando causas a quien hablen de ellos bajo amenaza de la aplicación de torturas y encarcelamientos ilegales”.
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