En su reunión ordinaria de este lunes, la comisión de Legislación General recibe por videoconferencia a autoridades del Consejo de la Magistratura encabezados por su presidenta, la ministra de Seguridad, Gloria Salazar; la ministra del STJ, Emilia Valle (vicepresidenta) con el objeto de abordar los proyectos del Poder Ejecutivo vinculados al sistema de justicia.
El encuentro es encabezado por la titular de la cartera legislativa, la diputada provincial Nadia García Amud, con el quórum de los diputados Juan José Bergia, Teresa Cubells, Nicolás Slimel, Jéssica Ayala, Gladis Cristaldo, Livio Gutiérrez, Débora Cardozo, Clara Pérez Otazú, y Gustavo Corradi, donde además participan Marcela González (representante de Abogados de la Capital) Roberto Carlos Pugacz (representante suplente de Abogados del Interior) y Eduardo Pértile (secretario general del Consejo de la Magistratura).
Por un lado, analizaron el proyecto que propone una modificación del Sistema de Selección para la Designación de Jueces y Procurador General, que tiene como objetivo el de despolitizar al Poder Judicial; y el otro que busca crear la escuela judicial en la provincia, con la cual se propiciará la capacitación de funcionarios de la judicatura, respecto de los cuales emiten su opinión, las que remitirán por escrito a la comisión para que sea agregado a los respectivos proyectos.
Sobre de la modificación al sistema de sistema de selección, según el texto que acompaña la iniciativa remitida por el Gobernador, la modificación propuesta, “cumple con el mandato constitucional establecido en el artículo 167 inciso 1º de la Constitución provincial, conforma un sustantivo avance en relación comparativa con la comisión inconstitucional en que nos encontrábamos bajo el régimen anterior, que consagraba la exclusión del concurso de antecedentes y oposición cuando el cargo a cubrir fuere el de Juez del Superior Tribunal de Justicia”.
“Fuera de esta real voluntad de cumplir con la Constitución Provincial, es posible diseñar un procedimiento de selección que formalmente satisfaga la exigencia constitucional, pero que al mismo tiempo se desentienda de la realización efectiva de la selección fundada en criterios de objetividad para determinar la aptitud profesional, académica y científica de los aspirantes al máximo Tribunal de la Provincia del Chaco”, argumenta el gobernador.
Explica además que “esta intención formal que no se dirige a conseguir la plena ejecución de la manda constitucional es la que advertimos realizada en la Ley Nº 2082-B, a partir de encontrar dos déficits que apuntan a debilitar el núcleo indisponible de todo concurso que pretenda ser tal. Nos referimos en primer lugar a la inexistencia de un Tribunal examinador imparcial e independiente del órgano constitucional que tiene en definitiva la competencia constitucionalmente atribuida para seleccionar y proponer el candidato al Poder Ejecutivo, en el caso que nos ocupa conforme lo dispone el art. 158 de la Constitución del Chaco. En segundo lugar nos merece igual crítica la inexistencia de una instancia de evaluación práctica, consistente en la resolución de un caso mediante una sentencia o dictamen, equivalente a la que establece la Ley Nº 1133-B referida a los magistrados inferiores”-
Cabe recordar sobre el proyecto de creación de la escuela judicial, que de aprobarse, la misma tendrá como finalidad atender a la formación y el perfeccionamiento de sus jueces, funcionarios, empleados y de los aspirantes a magistrados, con el objetivo principal de fomentar las capacidades consideradas como esenciales para el óptimo desempeño de las tareas propias de un funcionario o magistrado. Tiene como justificación una justicia de calidad a la sociedad a la que sirve, adaptándose a las necesidades emergentes.
La presidenta de la Comisión, Nadia García Amud destacó de la reunión mantenida via zoom con funcionarios del Consejo de la Magistratura “dimos un fructífero debate sobre iniciativas que de aprobarse van a quedar en la historia de nuestra provincia, pero entendemos que importante trabajarla de manera pormenorizada y someterla a la opinión de todas las áreas, de los colegios, de los consejos de abogados y por supuesto de todos los diputados y los miembros de la comunidad jurídica”, explica.
