La Justicia hizo lugar a la acción presentada por la Defensoría del Pueblo, que había solicitado una medida cautelar de no innovar contra el nuevo cuadro tarifario dispuesto en la última audiencia pública del pasado 24 de agosto. Detectaron varias irregularidades, entre la que se destaca la falta de documental respaldatoria del estudio de costos presentado por la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, informe que estipula un boleto de transporte público a 15,96 pesos.

"La audiencia se realizó de forma arbitraria, lo cual denunciamos desde el comienzo", expresó el defensor Gustavo Corregido. A lo que seguidamente acotó: “Esto no sería necesario si las autoridades cumplieran con la ley de audiencias públicas”.

De esta manera, tanto el Ejecutivo Provincial como el Municipal deberán abstenerse de aplicar un nuevo cuadro tarifario para el transporte interurbano del Gran Resistencia y urbano de Resistencia en relación a la audiencia atacada.

"Como ya lo hemos planteado, consideramos que si los usuarios deben enfrentar un nuevo aumento, el mismo debe ser el resultado de una audiencia con plena información y permitir la participación y el control por parte de los usuarios del transporte de pasajeros", apuntó el ombudsman.

Aseguró también que “estos problemas se generan por la falta de una metodología atada a una ley y fundamentalmente por la obstinación de los funcionarios de turno de no dar la información respaldatoria”.

"Es necesaria una metodología del estudio de costos regida por ley para terminar con las arbitrariedades, lo que también incentivará la participación ciudadana y hará más democrático el sistema", concluyó Corregido.