El vicepresidente primero a cargo del Poder Legislativo, Juan José Bergia anuncia que ingresó el Expediente 004-18, mediante el cual el Gobernador Domingo Peppo convoca a sesión extraordinaria para el próximo miércoles 7 de febrero, a las 11 horas. La misma tiene por objetivo tratar el proyecto de  Ley de adhesión de la provincia del Chaco a la Ley Nacional 27.428, que modifica la Ley 25.917 “Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”.

El proyecto 37/18 fue enviado por el propio Poder Ejecutivo, el pasado 31 de enero propiciando la adhesión de la provincia del Chaco a la Ley Nacional 27.428, que modifica a la Ley 25.917 –de creación, transparencia y gestión pública, gasto público, ingresos públicos, equilibrio financiero, endeudamiento y creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal a la que la Provincia se encuentra adherida por medio de la Ley Nº 1364-F (antes Ley Nº 5483).

La iniciativa especifica que la Ley Nacional conserva el espíritu de la Ley 25.917 con el fin de transparentar los números de ejecución presupuestaria y nivel de endeudamiento, destinados a normalizar la economía, con propuesta de reducción gradual de los denominados impuestos distorsivos, en la iniciativa de reforma tributaria que ingresó a la Legislatura; y de los costos laborales e incentivos a la eliminación de la informalidad del empleo, y donde se propone una redacción del nuevo "Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno".

En los fundamentos, el Gobernador explica que “se trata de mantener la contención del gasto público en las provincias, con una modesta restricción de limitarlo a la variación de la tasa de inflación, en lugar del crecimiento real de la economía, esto de la suma del aumento promedio de los precios más el incremento que el año previo registre el producto bruto interno”. “Se establece un cronograma de reducción gradual del Impuesto a los Ingresos Brutos, Sellos y la supresión de las aduanas interiores, las provincias que en su mayor parte están equilibradas deberán hacer un esfuerzo significativo para no caer en déficit fiscal y ser penalizadas con más restricciones en el ejercicio siguiente”, expresa.

“Sobre todo, porque el proyecto de responsabilidad fiscal mantiene el tope de 15 por ciento del nivel de endeudamiento respecto de los recursos propios excluidos de las transferencias por coparticipación a los municipios. De ahí que en los fundamentos de la ley se acordó no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento. Este acuerdo tiene por finalidad común lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales, en la medida en que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”, son los fundamentos del proyecto de ley.