Greenpeace detecta que durante el primer semestre del año en el norte del país se deforestan 59.557 hectáreas, un 15 por ciento más que en el mismo período de 2.023 (51.600 hectáreas). La situación más grave se da en Chaco y en Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales. La organización ecologista vuelve a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.

“Nos preocupa mucho este aumento de la deforestación y que la mayoría sea ilegal. En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2.020”. Para peor, recientemente se sanciona una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.” Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema”.

El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2.024 la deforestación en Chaco alcanza las 27.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas, el equivalente a tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

La principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente. “La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos. Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente contra la ilegalidad, por lo que la penalización se hace necesaria”, indica Giardini. 

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Esta semana se cumplen cinco años del amparo presentado por Greenpeace ante Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat del yaguareté y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado el máximo tribunal declara su competencia en la causa.