La Unión Judicial respalda paro del 24
La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco respalda el paro nacional convocado para el miércoles 24. Exige la implementación de la media nacional.
La Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco mantiene una reunión para definir con respecto al paro general de CGT y CTA el 24/01/24; incumplimiento del Convenio salarial 2023, cláusula de revisión por inflación diciembre e implementación de la media nacional Ley 3424-A.
Luego de un largo debate se define acompañar el paro general dispuesto por las centrales sindicales en rechazo al DNU Nacional 70/23 por la devaluación de la moneda e incremento en la inflación y las afectaciones en el salario de los trabajadores que provocan la vigencia del Decreto, “en especial el Título I, Artículo 2 desregulación y libre mercado y Título II desregulación económica; por las afectaciones individuales y colectivas del capítulo IV, la reforma de la Ley 23551 de asociaciones sindicales en sus artículos 87 y 88 y por la interferencia con la independencia del Poder Judicial del título X”.
En cuanto a la situación de los trabajadores judiciales de la provincia se analiza “la grave crisis salarial que se está padeciendo por lo que se exige al gobierno la urgente convocatoria para definir el cumplimiento de los convenios salariales del sector de febrero y julio de 2023, los cuales preveían una instancia de revisión por inflación para el mes de diciembre de 2023. Estos convenios tienen fuerza de Ley al ser convenios particulares del sector entre todas las partes, se presentaron por parte de la Intergremial Judicial del Chaco tres notas solicitando audiencia al Gobernador de la Provincia, para que se cumplan los convenios firmados sin tener respuesta oficial a los reclamos”.
Asimismo urge “la implementación del mecanismo de equiparación con la media nacional previsto por la Ley 3424-A., que debió implementarse a partir de agosto del 2023 y atento a que el ministro de Hacienda informó que se dejó sin efecto el Decreto 3514/23 que implementaba el mecanismo de equiparación a la media nacional desde enero de 2024, argumentando que dicho instrumento legal es arbitrario, pese a que ningún integrante del Poder Judicial haya planteado dicha situación.
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