El presidente del interbloque de senadores nacionales de Cambiemos, Ángel Rozas, recibió a referentes de las comunidades qom y wichí  encabezados por el presidente del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas, Félix Díaz con motivo del tratamiento, en la sesión de este miércoles, de la prórroga a la Ley   26.160 sancionada en noviembre de 2006 “de emergencia de la propiedad comunitaria indígena”.

Al respecto, Rozas comentó que “Las comunidades indígenas originarias del país reclaman esta nueva prórroga por parte  del Congreso Nacional ante la inminencia de su vencimiento y en salvaguarda de sus derechos de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, les expresé que por supuesto los vamos a acompañar, y también  le he manifestado mi convicción personal de avanzar en una solución definitiva ya que la prórroga indefinida no hace más que dañar derechos adquiridos de las comunidades indígenas”.

Interfluvio y Colonia Aborigen

“La UCR ha estado históricamente en defensa del derecho a la tierra, es así que el INAI fue creado en 1985 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y en lo personal cuando asumí como gobernador de Chaco una de mis primeras acciones fue llevar a cabo un relevamiento de tierras, y en 1999,  luego de 75 años de aquel decreto que había firmado el Presidente Marcelo T. de Alvear en 1924 que reservaba las 150 mil hectáreas en la zona del Interfluvio de los ríos Teuco y Bermejito,  dispuse el traspaso de esas tierras a las comunidades indígenas que las habitaban, al igual que las más de 20 mil hectáreas de Colonia Aborigen”.

Reforma de 1994

“Sin duda alguna el mayor reconocimiento se dio mediante la reforma constitucional del año 94, la cual establece que corresponde al Congreso ‘Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, afirmó.

Informe AGN

“Más tarde, en el año 2006  se sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, de esa fecha a esta parte se ha venido prorrogando sin dar una solución definitiva a un derecho humano como es el acceso a la propiedad de la tierra, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó  informes que muestran las deficiencias que ha tenido el INAI durante la gestión anterior determinando que ‘hay una brecha significativa entre el marco legal establecido y su implementación efectiva’”.