Legisladores del Frente Chaqueño quieren impedir que un funcionario durante la última dictadura acceda a la Presidencia del STJ
Diputados del interbloque del Frente Chaqueño presentan hoy el proyecto de Ley Nº 2.017, por el cual se propone la modificación del artículo 22 de la Ley 1 – B, estableciendo claramente que “no podrán ocupar la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, las personas que hubieran sido funcionarios y funcionarias de la dictadura cívica- militar 1.976/1.983 o hubieran ocupado cargos dentro de las estructuras de gobierno puesta en funcionamiento por dichos gobierno de facto”.
El proyecto está firmado por el titular del interbloque del Frente Chaqueño, Juan Manuel Pedrini y las diputadas Claudia Lorena Panzardi, Liliana Spoljaric, Elda Insaurralde, Tere Cubells y Gladis Cistaldo junto con los diputados Nicolás Slimel, Juan José Bergia y Rodolfo Schwartz.
“Un integrante de la CAL no puede administrar Justicia”
“Existe la preocupación manifiesta que el juez Rolando Toledo, quien integró la Comisión de Asesoramiento Legislativo durante la dictadura 1.976-1.983 pueda ocupar nuevamente el cargo de presidente de máximo tribunal de Justicia de la Provincia. Queremos evitar que esto vuelta a suceder estableciendo un marco normativo claro” marcan los legisladores.
“La CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo) fue el órgano designado por la dictadura para reemplazar a las Cámaras de Diputados de las provincias. Y justamente en el caso del Chaco. Es un hecho aberrante que un cómplice civil de la dictadura sea el encargado de administrar Justicia”, explican.
“Hay un compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia. La participación cívica en la dictadura es condenable, al menos, por ahora, en términos sociales y políticos. Y es el propósito de este proyecto de Ley”, destacan los diputados.
Norma necesaria hasta una reforma constitucional que establezca la falta de idoneidad de funcionarios de la dictadura para ocupar cargos públicos
El agregado que se propone por medio del presente proyecto de modificación es consolidar el Nunca Más a las violaciones a los DDHH que se evidenciaron en la última dictadura.
Un antecedente señero para la modificación que se pretende con el proyecto Nº 2017, se encuentra en la Constitución Provincial de Entre Ríos. En el año 2.008 ha preconizado la Convención Constituyente una cláusula que establece “la falta de idoneidad para ejercer cargos públicos a los funcionarios que ocuparon cargos en la dictadura militar que se inició el 24 de marzo de 1.976”.
“En nuestra Provincia, hasta tanto no se convoque a una nueva Convención Constituyente que pueda plasmar una prohibición en ese sentido, el camino adecuado a recorrer sería la reforma de esta ley, y sucesivamente la ley de Organización de Ministerios del Poder Ejecutivo y del Reglamento de ésta Honorable Cámara de Diputados, a los fines de impedir que ex funcionarios de la última Dictadura ocupen cargos de relevancia dentro de los tres poderes del Estado provincial, para que de esta forme se pueda afianzar la justicia y consolidar la paz interior, tan anheladas por los que forjaron nuestra Constitución”, puntualizan los legisladores del Frente Chaqueño.