Los legisladores radicales Ana María Canata, Irene Ada Dumrauf y Livio Gutiérrez concretaron ante la Fiscalía Nº 4 el pedido de investigación ante la presunta comisión de delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, y malversación de fondos públicos previstos en los artículos 248, 249 y 260 del Código Penal respectivamente, y/o por el tipo penal que surja de la investigación que se peticiona relacionado con los hechos que se describen en la misma respecto al manejo de los fondos de pagos judiciales.

Los legisladores señalaron que “El origen de los hechos que estamos solicitando que se investiguen tiene lugar con el dictado de la Ley  Nº 7782, destinada a resolver  la situación emergente de las sentencias judiciales firmes y exigibles del personal del Poder Judicial después de 25 años de procesos judiciales,  bajo ese fundamento se autorizó  al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos por hasta la suma de pesos 4 mil millones de pesos. Luego por Decreto Nº 2060/16, de fecha 02/09/ 2016, se creó “el Fideicomiso de Pago de Deudas Judiciales”.

“Con el empréstito público se le transfirió el fideicomiso la suma de 2.150.000.000 de pesos con el único objeto de pago en efectivo de la sentencia recaída en la causa   originada en la Acordada N° 585/91 del Superior Tribunal de Justicia. No obstante, el no cumplimento de dicho objeto atento los términos del referido Decreto Reglamentario N°2092/16, determina que no se finiquite generando   más intereses, costos procesales gastos para el Estado, en definitiva, podrían causar graves daños y perjuicios   a la hacienda pública y por lo pronto podría constituir malversación de caudales públicos”, expusieron.

“Lo que es más  grave en tanto violación de la Ley de Administración Financiera  N°4897 es que  los recursos ingresados con motivo   del empréstito público  mencionado  no se han contabilizado como recursos en cuentas  que al efecto debían ser abiertas  y registrado en cuentas que  el tesoro provincial  tiene habilitadas  en las entidades financieras autorizadas, siendo que la existencia de los fondos  originados en la  deuda pública  tiene el carácter de recursos  y deben necesariamente  tener registración  en las cuentas de tesorería,  lo cual podría constituir  graves  irregularidades”, señalaron los legisladores de Cambiemos.

¿ADONDE FUERON LOS 4 MIL MILLONES DE PESOS?

“De la investigación recabada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, queda acreditado que los 4 mil millones de pesos que debían ingresar a las cuentas de la Tesorería Provincial no ingresaron,  hecho probado con el informe producido por la Contaduría General de la  Provincia”, aseveraron.