En horas de la mañana se realizó una reunión entre miembros del Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes (CPT), el Gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, la Secretaría de Derechos Humanos, Géneros y Disidencias Silvana Pérez y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, en el Salón de Acuerdos “Felipe Gallardo” de la Casa de Gobierno. 

Por el Comité estuvieron presentes el presidente Silvio Del Balzo, el vicepresidente Egidio García, el secretario Carlos Soto, las miembros Silvina Canteros, Dafne Zamudio y Ariela Álvarez y los miembros Nelson César Viera y Juan Sinkovich.

Los temas que se abordaron fueron la vinculación institucional con el Gobierno para la generación, fortalecimiento y mejora de políticas públicas; el diagnóstico de violencia institucional y la participación en los espacios de Consejos de Seguridad.

A su vez, los miembros del Comité entregaron el informe “Diagnóstico y propuestas programáticas para el abordaje de la problemática carcelaria en la Provincia del Chaco”, elaborado en base a datos propios y hallazgos recolectados en los monitoreos. 

Estos datos se recabaron en los lugares de detención dependientes del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social y de la Policía de la Provincia.

Grave situación de hacinamiento

El documento también contempla las recomendaciones realizadas para solucionar los problemas planteados en el mismo y lograr el mejoramiento de las condiciones de detención en el Chaco. Durante la reunión, Del Balzo expuso al Gobernador el trabajo del Comité y habló de los diez habeas corpus presentados junto con la Defensa Pública por la situación de las personas privadas de su libertad en comisarías.

Sobre este tema, el presidente del Comité recalcó que el 50 por ciento de las personas detenidas en comisarías están en condiciones lamentables, con un crecimiento desde el 2.018 al 2.020 de casi de 500 personas más. “El problema estructural del hacinamiento está generando no solamente rispideces entre los internos y con el personal preparado para otra cosa y no para la guarda de una persona privada de la libertad. Obviamente, es imposible la aplicación de la Ley de Ejecución Penal en esas condiciones”, aseguró Del Balzo.

Se puntualizó, a su vez, la situación particular de las mujeres, ya que se produjo un aumento en la cantidad de detenidas a partir de la aplicación de la Ley de Narcomenudeo. Se realizó un análisis de la feminización de la pobreza, ya que mujeres vulneradas con hijos a cargo recurren a esta actividad para generar algún ingreso. 

Otros temas destacados fueron las condiciones en las que se encuentran las personas con padecimientos mentales y de consumos problemáticos y se propuso la implementación de equipos móviles conformados por profesionales para el trabajo interdisciplinario. 

Por otro lado, se habló del panorama en cuanto a jóvenes y adolescentes que, ante la ausencia del Estado en materia de salud y educación, terminan siendo víctimas de la violencia institucional. Por otra parte, las personas privadas de su libertad que pertenecen a los pueblos indígenas, sufren de persecución racial, hostigamiento policial permanente y muertes dudosas en contexto de encierro, explicó el vicepresidente del Comité de Prevención de la Tortura, Egidio García. 

 Capitanich con integrantes del Comité de Prevención de la Tortura 

Plan de gobierno y políticas públicas para la erradicación de la violencia institucional

Por su parte, el gobernador planteó el enfoque para generar políticas públicas tendientes a mejorar y solucionar los problemas de violencia institucional. En materia de política judicial, mostró preocupación por el tema del uso abusivo de la prisión preventiva. 

“Hay un problema de hacinamiento en comisarías y alcaidías. Estoy cerrando el Plan de Infraestructura para personas en lugares de encierro. Lo segundo, es la cuestión tecnológica, el chip en lugar del brazalete, en la que estamos analizando los costos y el software que se utilizará. Tercero, quiero analizar procedimientos, costos, estructura y transparencia en el sistema en general”, puntualizó Capitanich.

Valoró como muy importante e interesante el diagnóstico que hace el Comité de Prevención de la Tortura para que el Gobierno pueda tomar medidas que tienen que ver con infraestructura, procedimientos desde el punto de vista penal con respecto al uso abusivo de la prisión preventiva y procesos de recuperación de salud mental y consumo problemático, con un enfoque holístico, integral y sistémico. Y en este sentido, recalcó como punto fuerte el compromiso de la gestión por trabajar en la erradicación de la violencia.  

El encuentro finalizó con la renovación del diálogo, la necesidad de trabajar mancomunadamente para generar el debate público, la sensibilización y el cambio de paradigma que permita la erradicación de la violencia institucional y el respeto a los Derechos Humanos.