
La diputada provincial Carina Botteri plantea preocupación ante la suspensión de la medida cautelar que suspende la vigencia del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El diputado provincial Roy Nikisch asevera que “los judiciales quedaron enconsertados con el engaño sistemático del gobierno”, en referencia al pago de las sentencias contra el Estado Provincial determinado por la Ley 7782. Señala que “los fondos lo pusieron en la bicicleta financiera”.
Actualidad - Provincia
“Cierra un año donde los beneficiarios del pago de las sentencias judiciales contra el Estado Provincial establecido por la Ley 7782, quedaron encorsetados con el engaño sistemático del Gobierno provincial a través de un conjunto de procedimientos leoninos que van desde la propuesta del pago en cuotas y quitas de hasta el 50 por ciento. Ahora para cubrir esa desavenencia, vuelven a insistir con el pedido a la Legislatura para prorrogar una Emergencia Económica que no existe y que ya había sido declarada la inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario 2092/16”, plantea el diputado provincial Roy Nikisch.
“La Emergencia Económica y Financiera venció en septiembre (no es por tiempo indeterminado) y ya no existen fundamentos ni sustento para mantenerla, porque para aliviar la Caja de la provincia y que no haya problemas de pago de sueldos a los empleados del sector pasivo y activo, hemos brindado al Ejecutivo la herramienta necesaria para la toma de créditos, pero direccionada a atender todos los requerimientos que ellos pidieron y sin embargo, una vez que tuvieron los fondos, en lugar de utilizarlos para los fines específicos, lo pusieron en la bicicleta financiera”, asevera el legislador de Cambiemos.
“En total la provincia recibió más de 5.400 millones de pesos, a través de las Leyes 7821 y 7782 de cuyo monto se determinó 1.800 millones de pesos que se suman a los 200 millones de pesos previstos en el presupuesto para esta cuestión, lo que hace un total de 2 mil millones para pagar la deuda judicial en forma inmediata y en efectivo , pero el Gobierno en lugar de atender el pago de esta obligación y de las deudas de los empleados del Tribunal de Cuentas; municipios; Viviendas para la comunidad indígena y reactivación de la obra pública, pusieron la plata en LEBACS a más del 2 por ciento”, detalla Nikisch.

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