El Equipo Argentino de Antropología Forense, examina el Lote 39 “Fosa de la Matanza Napalpí” de Colonia Aborigen, lugar donde ocurriera la Masacre. Se evalúa la posibilidad de realizar exhumaciones, en la búsqueda de informaciones que aporten a la investigación judicial.
Actualidad - Provincia
En el marco de la investigación judicial que se viene llevando adelante por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal, el Equipo Argentino de Antropología Forense, visitó, el viernes 5, el Lote 39 “ Fosa de la Matanza Napalpi” de Colonia Aborigen , lugar donde ocurriera la Masacre.
En la oportunidad, Silvina Turner, antropóloga del Equipo de Antropología, mantuvo una entrevista con distintos integrantes de la comunidad, a quienes les comentó acerca de la tarea que realizan y describió la información que podría surgir de una exhumación de las fosas. Se explicó además que las exhumaciones deben contar con la aprobación de la comunidad, que es quien vela por sus ancestros.
El EAAF trabaja desde el año 1.984 en la identificación de desaparecidos en Argentina y desde entonces en la investigación de casos de violencia institucional en más de 50 países como masacres campesinas en Guatemala y El Salvador y recientemente en la identificación de los soldados argentinos caídos en Malvinas.
Estuvieron Gustavo Gómez y Juan Saravia de la Organización Indígena La Matanza; Ramón Berdán y Cristina Gómez; vecinos lindantes a las fosas; el historiador Juan Chico, presidente de la Fundación Napalpi, junto a otros vecinos y envió su adhesión, Víctor Mereno de la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen.
Finalmente, se reconocieron 4 lugares donde se referencian fosas comunes, analizándose el terreno y las características que conllevarían las excavaciones que deberían realizarse en el lugar.
Las exhumaciones serán solicitadas por la Fiscalía junto con el requerimiento de juicio por la Verdad a la jueza federal Zunilda Niremperger.
El historiador del pueblo qom, profesor Juan Chico, refirió : “ Los crímenes cometidos por el Estado Nacional, contra los pueblos indígenas , no deben quedar impunes; para que no vuelvan a ocurrir nunca más , no solo contra los pueblos indígenas , sino contra ningún grupo humano.”
El Juicio por la Verdad
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal lleva adelante una investigación sobre los hechos históricos conocidos como la Masacre de Nalpalpí ocurrida en el año 1.924 con el criterio de que constituyen crímenes de lesa humanidad y el Estado Nacional tiene la obligación de juzgarlos en función de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
En el acta de apertura de la investigación explicó: “Creemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan , para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos y saber quiénes son los máximos responsables y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución; para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas…La reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas….”
La investigación preliminar logró reunir los testimonios del sobreviviente, Pedro Balquinta; de los hijos de las sobrevivientes, Melitona Enrique y Rosa Chara; así también de investigadores e historiadores; además de entrevistas audiovisuales a Melitona. Igualmente se incorporaron un cúmulo de trabajos de investigación realizados sobre Napalpí y genocidio indígena , los informes y documentación del Ministerio del Interior y de Defensa de la Nación, del Archivo del Congreso Nacional, del Archivo Histórico del Chaco , del Superior Tribunal del Chaco y del Aero Club Chaco.
Con la inspección del Equipo de Antropología al lugar, concluye la investigación. En las próximas semanas, la Fiscalía requerirá a la jueza Niremperger, la apertura de un juicio por la verdad, con la pretensión de que sea oral y público y con el objetivo de que “se dicte una sentencia que reconstruya la Verdad de lo sucedido y establezca las responsabilidades pertinentes”.
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