Causa Nelson Gusak: el Comité de Prevención de la Tortura se presenta como querellante por presunta responsabilidad policial

Síntesis de los ítems principales de la noticia

• Querella institucional: El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se constituye como querellante formal, apuntando a miembros de la Policía del Chaco como posibles responsables o encubridores de la desaparición de Nelson Gusak.

• Denuncia de golpiza previa: Testigos presenciales aseguran que efectivos de la Comisaría Séptima golpearon severamente a Gusak dentro de una vivienda antes de que se perdiera su rastro en septiembre de 2025.

• Evidencia manipulada: El teléfono celular del joven, retenido y negado por la policía durante meses, aparece encendido y reseteado de fábrica, sugiriendo una alteración de datos de la causa.

• Hallazgo irregular de restos: Se analizan 131 restos óseos hallados en la zona Sur de Resistencia compatibles con el perfil de la víctima; la familia denuncia que la zona no fue preservada y que ellos mismos tuvieron que encontrar el cráneo.

• Rechazo de hipótesis y conflicto judicial: Los familiares descartan de plano la hipótesis de suicidio planteada por los investigadores debido a inconsistencias físicas del escenario. En tanto, la Fiscalía de Derechos Humanos rechaza la competencia del caso, el cual queda bajo análisis de la Procuración General Adjunta.

RESISTENCIA- El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco (CPTCh) da un paso clave en la búsqueda de justicia y se presenta como querellante en la causa que investiga la desaparición de Nelson David Gusak, ocurrida en septiembre de 2025. El expediente judicial, caratulado inicialmente como “muerte dudosa”, da un giro institucional con esta presentación realizada bajo el patrocinio legal de los abogados Manuela González y Alberto Cuellar.

En el escrito, el organismo sostiene que el planteo se formula de manera primigenia contra trabajadores policiales que podrían haber intervenido en carácter de autores, cómplices, instigadores o encubridores. La intervención se produce en medio de severos cuestionamientos de la familia hacia el accionar de la fuerza de seguridad y múltiples dudas que rodean el caso.

Testimonios del horror y denuncias de hostigamiento

Nelson Gusak tiene 26 años al momento de su desaparición, registrada el pasado 20 de septiembre de 2025 en el barrio Zampa, zona bajo jurisdicción de la Comisaría Séptima de Resistencia. Desde ese día, su madre, Silvina Espinosa, inicia una incansable búsqueda basada en recorridos propios y declaraciones de testigos.

La reconstrucción familiar apunta a un violento operativo policial en una vivienda de la calle 8, donde Nelson se aloja. Según jóvenes que lo acompañan esa jornada y resultan detenidos temporalmente, los efectivos ingresan al lugar y agreden físicamente a Gusak. "A mi hijo le empiezan a pegar patadas y piñas", denuncia Espinosa según los relatos recabados. Uno de los testigos afirma ante la justicia que los agentes "le daban y ni se movía", quedando el joven en la casa cuando los demás son trasladados.

A la par de la impunidad denunciada, la madre expone reiteradas situaciones de hostigamiento policial durante estos meses de búsqueda, que incluyen citaciones a deshoras en la Comisaría Quinta y frases intimidatorias por parte de los uniformados. Estas irregularidades cesan recién con la intervención de la abogada Gabriela Bertoya.

Las sospechas sobre el celular reseteado

Uno de los puntos de mayor sospecha se centra en el teléfono celular de la víctima. Tras meses de negativas por parte de la Comisaría Séptima, el dispositivo aparece sorpresivamente ligado al expediente.

Al momento del reconocimiento, el hermano mayor de Nelson constata que el aparato se encuentra encendido y completamente reseteado de fábrica. Para la familia, este escenario representa una prueba contundente de la manipulación deliberada de la información almacenada en el teléfono para borrar rastros.

El polémico hallazgo de restos óseos

A fines de abril de 2026, vecinos y redes sociales alertan a la familia sobre el hallazgo de restos óseos en un monte cercano a la avenida Nicaragua y la calle 19, en el sector sur de Resistencia. La justicia omite notificar oficialmente a los familiares directos. "Ni la policía, ni la fiscalía, ni nadie se acerca a decirnos nada", reclama la madre.

Las irregularidades continúan en la escena del hecho, predio que nunca cuenta con vallado ni cintas de preservación adecuadas. Es la propia familia la que, en un rastrillaje independiente a metros del operativo oficial, encuentra el cráneo a simple vista. Los allegados dudan de la hipótesis oficial de suicidio por ahorcamiento, señalando contradicciones físicas como el faltante de piezas dentarias y la fragilidad de la rama señalada, incapaz de soportar los 70 kilos del joven.

Hasta la fecha, los 131 restos óseos analizados resultan compatibles con un varón de entre 20 y 30 años, pero la confirmación definitiva queda supeditada a los exámenes genéticos de ADN. Ante los últimos acontecimientos, el Comité solicita formalmente nuevos rastrillajes tras informarse el hallazgo de nuevos huesos por parte de la familia durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo.

Conflicto de competencia judicial

Mientras Silvina Espinosa asegura que no va a parar hasta encontrar a su hijo "vivo o muerto", la causa atraviesa una fuerte disputa de competencia. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos rechaza intervenir al alegar falta de pruebas directas contra los policías, provocando que el expediente sea elevado a la Procuración General Adjunta para definir qué fiscalía continúa el trámite. El Comité de Prevención de la Tortura insiste en la urgencia de asegurar una investigación independiente ante la extrema gravedad institucional del caso.