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”Hubo un manejo discrecional y arbitrario de los recursos económicos y las fundaciones sociales, eran la herramienta que facilitaban el delito”, aseguró la interventora.
A dos meses de asumir como interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Clelia Ávila, afirma que en el instituto se encuentra con la “mega corrupción”. Asegura que recibe más de 400 denuncias de beneficiarios estafados por dirigentes sociales.
“Los referentes eran los que tenían llegada al expresidente del IAFEP Mauro Andión que es el principal responsable del desmanejo, no hubo honestidad ni transparencia en su gestión”, sentencia Ávila y aclara que son denunciadas al Poder Judicial, donde Andión tendrá que dar las explicaciones pertinentes”.
En rueda de prensa , la funcionaria denuncia además, irregularidades en la constitución de las fundaciones beneficiarias, favoritismo con dirigentes sociales para la designación de obras y nulo control de las mismas. El IAFEP en el 2023 cuenta “con un presupuesto de $16.000 millones, de los cuales $15.000 millones se llevaron las organizaciones sociales”.
“Creo que en la historia del Chaco no hubo una corrupción mayor como la del IAFEP. Me duele mucho decirlo, porque en una de las provincias más pobres del país se llevaron el dinero de personas para enriquecerse unos pocos”, sostiene.
En este sentido, la interventora hace saber que el instituto lleva adelante un arduo trabajo relevando las obras. “No existe una base de datos ordenada, ya sea por localidades o organizaciones sociales que dieran cuenta del procedimiento que se utilizó la para adjudicación de 5.100 viviendas”, indica y precisa que colabora con el trabajo de inspección de obras el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda.
“El organismo debería haber asistido a consorcios productivos y de servicios rurales y no destinó ni el 1% a productores chaqueños. El 93% fue a manos de fundaciones que no fueron constituidas a través de instrumento público, sino a través de instrumento privado”.
Continúa explicando en la conferencia a la prensa, “había ciertos dirigentes sociales que tenían favoritismo ya que obtenían de forma rápida los desembolsos sin ningún tipo de requisito, control o reglamentación. A esas organizaciones el pago se le realizaba rápidamente. Hubo un manejo discrecional y arbitrario de los recursos económicos, hay organizaciones que aún están esperando los pagos, sin embargo había otras predilectas. No existió una reglamentación para selección de beneficiarios”, dice.
