Denuncian a Chiacchio Cavana por supuesto manejo de fondos incompatibles con su función

Diputados provinciales de Juntos por el Cambio denuncian a Pía Cavana por supuesto manejo de fondos millonarios incompatible con su función.

La acusación formulada por diputados de Juntos por el Cambio alcanza a su madre, la también ex funcionaria Graciela Cavana.

De acuerdo a lo expuesto en el documento, mientras ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo Social, simultáneamente ejercía la presidencia de una fundación que recibiera fondos por más de $ 290.000.000.

Esta mañana, frente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, los legisladores provinciales de Juntos por el Cambio presentan frente a la sede de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa una denuncia contra su par y ex ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana, por “violación a la Ley de Ética Pública” e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación se extiende a la madre de la ex funcionaria, María Graciela Cavana, quien ejerciera como subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia hasta diciembre.

La denuncia señala que mientras Chiacchio Cavana ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo Social, simultáneamente desempeñaba la presidencia de la fundación “Paulo Freire” hasta enero de 2021. Este hecho genera controversia al haber recibido cuantiosos fondos del Estado Provincial, contraviniendo la legislación vigente que prohíbe intervenir en actividades que puedan generar un conflicto de intereses con la función desempeñada.

“La fundación, bajo la dirección de Chiacchio Cavana, a través de las U.E.P.G. Paulo Freire, habría recibido fondos públicos significativos del Ministerio de Educación, alcanzando la cifra de $ 290.000.000”. Esta situación plantea, para los diputados denunciantes, “un evidente y flagrante conflicto de intereses en relación con el cargo de ministra de Desarrollo Social que ocupaba la funcionaria, y cuyos familiares aún lideran la institución”.

Esta conexión sugiere la posibilidad de “un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, sujeto a la recopilación de pruebas adicionales.