En el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco esperan con ansias el tratamiento de la ley que da estructura al organismo. Los trabajadores logran el compromiso de legisladores de que será tratada el próximo miércoles.
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La sesión de la semana pasada tiene quórum en la Cámara de Diputados del Chaco pero el proyecto de ley que crea la estructura de cargos del organismo no llega a estar en el temario a tratar. Aún así, los trabajadores obtienen el compromiso por parte de los legisladores de que será tratada en la sesión del próximo miércoles, ya que figura en el orden de prioridades.
Las alrededor de 40 familias que integran el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco esperan con ansias el tratamiento de la ley que da estructura al organismo y tienen las esperanzas de que se dé una resolución favorable a esta demanda que lleva años.
El proyecto de ley se iba a tratar este miércoles pasado pero no figura en el temario, por lo que los legisladores chaqueños se comprometen a darle orden de prioridad para la próxima sesión del miércoles 06 de diciembre.
El Comité para la Prevención de la Tortura es el primer mecanismo local de prevención de la tortura en Argentina y cuenta con 10 años de experiencia. Ha experimentado un crecimiento significativo y avances notables en su labor, sin embargo, aún enfrenta una deuda pendiente: la aprobación de su estructura y un presupuesto adecuado para cumplir con su responsabilidad fundamental.
El Comité asume la crucial tarea de monitorear y controlar las fuerzas de seguridad, así como otros ámbitos de privación de libertad. Estas funciones son esenciales para prevenir la violencia institucional y garantizar el respeto a los derechos humanos. El respaldo a la estructura de cargos del Comité no solo es un acto de cumplimiento con compromisos internacionales, sino también una inversión en la defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento de la primera línea defensiva contra posibles violaciones en el Chaco.
“Es imperativo recordar que esta iniciativa va más allá de un cumplimiento legal; también tiene un impacto directo en la vida de alrededor de 40 familias que dependen exclusivamente de los ingresos generados por este organismo”, expresan desde el Comité para la Prevención de la Tortura. Asimismo, en el tramo final, señalan que “en un momento de crisis y coyuntura política, respaldar la estructura de cargos del Comité no solo es un acto de compromiso con los derechos humanos, sino también un gesto de apoyo a aquellas familias que dedican sus esfuerzos diarios a esta causa2.
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