Caso Cecilia: El Gobierno provincial asegura garantizar las condiciones para la movilización del jueves 3

El vocero oficial y la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Nahir Barud, ofrecieron la conferencia de prensa de este lunes.

El vocero oficial Juan Manuel Chapo ofrece este lunes su habitual conferencia de prensa, en este caso acompañado por Nahir Barud, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros.

El portavoz hace referencia a la movilización convocada para este jueves 3 de agosto por parte de Gloria Romero y asegura que el gobierno garantizará las condiciones para que esa marcha se desarrolle de manera completamente normal y en “total libertad”.

Barud, por su parte, da detalles sobre el trabajo de la querella que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos en el marco de la causa Strzyzowsk y las próximas instancias al respecto.

“El pedido de incomunicación para Emerenciano Sena fue realizado desde la Secretaría ante la fiscalía interviniente, que determinó que no hay elementos para proceder en ese sentido en la incomunicación de esta persona”, aclara.

A la par, la abogada precisa que el miércoles 2 y jueves 3 de agosto próximos tendrán lugar las audiencias de oposición a la prisión preventiva solicitada contra los 8 detenidos en la causa; y que el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de agosto próximos serán las audiencias ante la Cámara de Apelaciones y el tribunal colegiado.

“Es muy importante recordar las funciones y la competencia de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, ya que como área podemos articular con el Equipo Fiscal Especial (EFE), pero no somos quienes damos inicio a las investigaciones formales”, especifica.

Por otra parte, Barud resalta que es justamente el Equipo Fiscal quien determina las condiciones de detención de los imputados en el expediente.

Finalmente, y en cuanto a la situación en torno a supuestas comunicaciones que mantuviera Emerenciano Sena ya en condición de detenido con prisión preventiva, la abogada dice que se ha remitido actuación ante una fiscalía común para que se investigue si esa persona ha cometido el delito de instigación a cometer delitos contra el orden público.