La ministra de Salud Pública, Paola Benítez, participa junto a sus pares de todo el país, de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) que se llevó a cabo este martes, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada en Buenos Aires.
En esta segunda reunión presencial del año, consensuan la recomendación de incluir a embarazadas y personas gestantes, sin requerimiento en la provincia de que las mismas presenten condiciones de riesgo ni indicación médica para ser incorporadas dentro de los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra COVID-19. La sugerencia también cuenta con el aval de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.
“Avanzaremos en la incorporación de este nuevo grupo en la Campaña Provincial, que si bien siempre fue una prioridad debido al riesgo de contagio y exposición que poseen, desde este jueves lo haremos para todas las embarazadas desde los 18 años de edad, que puedan acreditar su embarazo únicamente con libreta sanitaria”, explica la ministra Benítez.
Asimismo, apunta que “esta instancia, en la que se acercarán a recibir su vacuna contra COVID, permitirá generar un registro que contemple un seguimiento y control de la mamá y su bebé durante los primeros meses de vida, que nos ayudará a erradicar el índice de mortalidad infantil u otras patologías durante el período gestante y posterior a este”.
En relación a la Campaña de Vacunación contra COVID-19 que se lleva a cabo en la provincia, Benítez explica que la provincia y el país se “enfrentarán a nuevos desafíos y estrategias para llegar a todas y todos para un acceso equitativo en la aplicación de vacunas, debido al gran ritmo que tomó el Plan de Vacunación a nivel país. Fue necesario hacer un recorrido por el actual proceso de logística, fraccionamiento y distribución que se lleva adelante en el país y en cada provincia; garantizando la celeridad y calidad como hasta estos momentos”.
Además, en la reunión del CoFeSa se plantea la necesidad de fortalecer el control del aislamiento domiciliario, el seguimiento y realización de PCR a los 7 días, a los viajeros que vuelven al país, con el fin de demorar el ingreso y circulación de nuevas variantes del virus SARS-CoV 2.
