La Asociación Justicia Legítima Nordeste respalda la decisión tomada desde el Ejecutivo provincial del Chaco, de separación del cargo de los efectivos acusados de graves violaciones a los derechos humanos contra una familia qom de Fontana mientras dure la investigación penal.

“Esta decisión de garantizar el respeto a los derechos humanos más elementales en este caso de nuestros hermanos de la población indígena , guarda plena coincidencia con la Ley del Personal Policial de la provincia del Chaco, la Ley de Seguridad Pública y los compromisos Nacional e Internacionalmente asumidos a partir del caso ‘Greco’, y también por el compromiso público realizado de garantizar una política de seguridad democrática con perspectiva de derechos humanos e interculturalidad”, sostiene la Asociación Justicia Legítima Nordeste.

Considera luego que “es necesario incluso que el gobierno avance en la profundización de la aplicación de la Ley de Seguridad Democrática, nombrando a la Dirección de Control Policial que garantice la transparencia en las investigaciones internas y despeje toda duda de impunidad ante el abuso policial”.

“El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar una fuerza policial al servicio de la comunidad y asimismo el Poder Judicial que debe actuar no sólo en la investigación del hecho ocurrido sino también en probables intentos por desestabilizar las políticas públicas que persiguen el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos”, plantea.

“No se debe aceptar ningún tipo de presión de quienes tienen en sus manos la Seguridad Pública y convocamos desde ya a toda la sociedad y a las instituciones a ser coherentes con nuestro compromiso con nuestra democracia”, reafirma la Asociación Justicia Legítima Nordeste.