Causa Ligas Agrarias: Piden penas para los imputados

Durante la mañana de este viernes 14,  en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, el fiscal Carlos Amad dio término a los alegatos del Ministerio Público con la solicitud de la pena respectiva a cada uno de los cinco acusados en el juicio oral de la causa denominada Ligas Agrarias.  Para el ex militar José Tadeo Bettolli se solicitó prisión perpetua por considerarlo coautor de homicidio agravado por alevosía y número de partícipes, lo mismo que para los ex policías Miguel Gonzáles y Alcides Sanferraiter. Para el ex comisario Eduardo Wischnivetzky demandó la pena de 18 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. Al ex policía José Rodríguez Valiente se imputó por encubrimiento con un pedido de pena de 4 años de prisión.

En este punto vale aclarar que el código penal de la época (1976) tenía como máximo previsto para el delito de encubrimiento tan sólo 2 años de prisión, y sin agravantes. Por ello, se configura esa normativa como ley penal más benigna, y en esa línea y ante la posibilidad de que se reproche algún tipo de nulidad por parte de la defensa el Ministerio Publico Fiscal presentó el pedido de 2 años de prisión por cada uno de los 2 dos casos de encubrimiento que se le imputan al ex oficial sumariante, quien además cumple dos condenas por torturas desapariciones y violación en la Ex Brigada.

Se juzgan los asesinatos de Carlos Piccoli y Raúl Gómez Estigarribia, dirigentes  de Ligas Agrarias eliminados en sendas emboscadas encubiertas en supuestos “enfrentamientos” con fuerzas represivas durante la última dictadura cívico militar, así como también el secuestro y tortura de los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza. Amad remarcó la gravedad social de los hechos, a los que calificó de “aberrantes delitos de lesa humanidad” los cuales han sido “apodícticamente probados a lo largo de los debates”.

La causa pasó a cuarto intermedio hasta el martes 25, a las 10 horas, oportunidad en la cual se espera cubrir la totalidad de los alegatos de la defensa y entonces avanzar hacia el dictado de la sentencia por parte de los jueces Juan Manuel Iglesias, Luis Gonzáles y Rocío Alcalá. Esto podría ocurrir en la primera semana de julio, o bien a más tardar la segunda, pero siempre antes de la feria judicial que comienza el 15.

La audiencia comenzó con un retraso de casi una hora a raíz de la realización de otro juicio en la sala. Antes de presentar la solicitud de penas, el fiscal Amad expuso la calificación jurídica de las imputaciones por privación ilegítima de la libertad y los tormentos agravados imputados en los casos denunciados por los trabajadores rurales Hipólito y Modesto Meza y Santos Brítez.

Sobre ello dio por acabadamente probado que “los imputados eran funcionarios públicos en pleno ejercicio de sus funciones quienes sin orden judicial de ningún tipo privaron de la libertad de modo ilegítimo a las víctimas,  que fueron además sometidas a torturas”.

Luego, describió la situación de absoluta indefensión de los hermanos Meza y Brítez, “torturados en el medio del campo (Lote 21 en la zona rural de Villa Berthet), en un contexto de máxima vulnerabilidad”. Además subrayó el papel protagónico del ex comisario Eduardo Wischnivetzky; “Como jefe tenía el dominio del hecho del otro. En los debates se dijo que cuando llegó dejaron de torturar, está probada en extremo su participación. Él podía decidir si la abyección seguía o si se detenía”.

El campo, entre el ejército y el glifosato

Durante su alegato, Amad remarcó cierta continuidad o paralelismo entre los peligros del campo bajo el terrorismo de Estado, con operativos de búsqueda y exterminio de liguistas, y el peligro del campo hoy, bajo la modalidad de monocultivo intensivo sobre la base de agrotóxicos; “Esa vulnerabilidad que sufrieron los Meza y Brítez la siguen sufriendo hoy ante el poder omnímodo de los grandes sojeros que les fumigan los campos. Antes eran las botas militares, hoy es la Soja”, graficó.

En esa línea, precisó que luego del 24 de marzo de 1976 las Policías de provincias y federal pasaron a depender del Ejército Argentino, y “conformaron una banda estatal de delincuentes”. Agregó que “campesinos como los Meza y Brítez fueron perseguidos por pertenecer a Ligas Agrarias, siendo que tenían nula capacidad operativa para enfrentar a las fuerzas de represión”.