Desde el Partido Obrero encendieron la alerta ante el intento de la Cámara de Diputados del Chaco de sancionar el "Programa de extensión para la educación superior". En su argumentación plantea que este programa establece que "se reconocerán a los centros regionales de educación superior que dependan de las municipalidades y/o de asociaciones civiles, fundaciones o cooperativas con personería jurídica y domicilio legal en la provincia del Chaco". Al respecto, sostiene que el programa coloca la educación superior bajo control de municipios, cooperativas o asociaciones civiles. “En su artículo 4º y 5º, se establece la posibilidad de los centros regionales de educación superior de firmar convenios con universidades para el desarrollo de extensiones áulicas o, con el Ministerio, para el desarrollo de nuevas carreras”, detalla.

Considera en un documento suscripto por Juan García, dirigente del PO, que “a través de asociaciones, cooperativas o municipios, se coloca la educación superior bajo control de punteros políticos, en una variante pejotista de la línea de privatización educativa de Macri”.

“Detrás de una ampliación de las carreras y de la extensión de la formación superior, se esconde una política de ajuste severísima”, afirma. En ese sentido, señala que “se traslada a los municipios o asociaciones, que no tienen infraestructura, la tarea de desarrollar la educación superior, que corresponde, en el caso de la formación universitaria, al Estado Nacional. Estas nuevas carreras tendrán una formación precarizada, careciendo de los recursos con los que todavía cuentan las universidades nacionales”.

“El proyecto es de precarización por donde se lo mire”, acusa el dirigente de izquierda. Así es que se pregunta: “¿Quién nombrará a los profesores? La normativa de las universidades y profesorados establece el ingreso por concurso. En cambio, en este caso podrán designarlos los presidentes de cooperativas o asociaciones civiles. Es lo que ocurre ahora en las escuelas de Gestión Social que proliferan en la provincia y en las cuales los docentes están totalmente precarizados”.

Además, plantea que “también se trata de un paso más en el arancelamiento, dado que las nuevas unidades educativas no tienen asegurado un financiamiento”. Al respecto, apunta que “la tendencia podrá ser a financiarse con recursos propios. Esto ya es moneda corriente en las extensiones áulicas de la UNNE en Charata o Castelli, que cobran aranceles mensuales por las carreras”, remarca.

En el tramo final, insta a “una gran campaña para frenar este nuevo ataque a la universidad pública”.