"La eliminación de la discusión sobre financiamiento educativo colabora al caos y la incertidumbre", dice la Coordinadora Docente

Desde la Coordinadora Docente consideran que “cualquier discusión salarial que parta de condicionamientos no es discusión, no es diálogo, es solamente intentar imponer una parte sobre otra. Las condiciones debieran ser sinceridad, responsabilidad, seriedad, comprensión y conocimiento real de la actualidad para intentar acuerdos. En un diálogo ambas partes tratan de ponerse de acuerdo en una cuestión. Ahora bien, si el diálogo es entre gremios y Estado sobre el salario del trabajador pasa a tener una trascendencia enorme”.

En esa línea, la Coordinadora Docente remarca que “las metas al respecto del año 2017, propuestas por el Estado en la Comisión de Política Salarial, no se cumplieron. Es indispensable discutirlo y acordar sobre ello”. En ese marco, deja en claro que “tenemos una inflación prevista para el 2018 de un 20 por ciento aproximadamente, dependiendo quién la mida, y que implica una discusión sobre números que hoy aparecen, por las versiones oficiales, lejanos. Los ajustes de Nación, incomprensibles en un país que dice invertir en educación, son cada vez más fuertes y lo de la paritaria salarial nacional no es nada más que la crónica de una muerte anunciada donde el Estado nacional se ha desentendido de la educación paulatinamente”.

En ese sentido, afirma: “el dejar a cada provincia la discusión salarial con sus docentes sobre la base de un salario testigo de miseria es lisa y llanamente lavarse las manos en el tema. La eliminación de la discusión sobre financiamiento educativo colabora al caos  e incertidumbre”. Poco después, remarca que “es ineludible la responsabilidad del gobierno nacional ante uno de los pilares de la sociedad como lo es la educación”.

“En este panorama, el diálogo sincero es imprescindible para encontrar acuerdos reales, amplios y duraderos en una actualidad difícil para los trabajadores”, sostiene la Coordinadora que integran AMET, FIUD, UDA, ADOCh y AChABI. Para luego dejar firme el “rechazo a los ajustes implementados y, por lo visto, a implementar por parte de un gobierno nacional (esperemos no se extiendan a la provincia) cuyas políticas han llevado hacia abajo las condiciones laborales en el ámbito estatal y privado. El panorama es difícil, pese a ello confiamos en encontrar soluciones para el trabajador y el sistema”, expresa.