El secretario coordinador de Gabinete, celebra la aprobación de la ley que prohíbe las intermediaciones en las ayudas sociales del Estado. “La prohibición de los intermediarios y la responsabilidad de los funcionarios intervinientes, son ejes centrales de esta Ley, que venimos planteando desde mucho antes del inicio de la gestión”, señala.

El secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, celebra este lunes, la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley que establece un marco legal para la asignación de beneficios sociales otorgados por el Estado, prohibiendo las intermediaciones. “Para el Ejecutivo provincial es una ley importante porque es lo que venimos planteando desde que iniciamos la gestión y desde mucho antes”, remarca el funcionario, y recuerda que junto al gobernador Zdero, es autor del proyecto de Ley vinculado a este tema. 

Así resalta la importancia de esta normativa que regula la asignación de beneficios sociales bajo criterios de transparencia, prohibiendo la intermediación de terceros, a fin de que los beneficios lleguen de forma directa a la gente. “La prohibición de la intermediación, la definición de que quienes otorguen estos beneficios lo hagan con criterios objetivos y de transparencia, y la responsabilidad de los funcionarios intervinientes, son ejes centrales de la ley”, apunta.

En ese contexto, recuerda que durante la gestión anterior de gobierno salía dinero de los ministerios sin que ningún funcionario se responsabilizara de su destino. “Los que se rasgan las vestiduras hoy, son los que dilapidaron los recursos en el pasado: el dinero no saltaba de las cuentas públicas a los bolsillos de los Sena; había funcionarios públicos que se la dieron y que hoy pretenden desligarse; justamente a esa responsabilidad apunta la nueva ley”, grafica, a la par enfatiza sobre la exigencia de unificar los sistemas de becas y asignaciones sociales en materia de salud, necesidades básicas insatisfechas y viviendas. 

Contraprestación y requisitos

Otro de los ítems que contempla la normativa y que es valorado por el Ejecutivo provincial es la contraprestación. “Todo beneficio social debe tener una contraprestación con personas capacitadas para brindarla; si recibe un beneficio tiene que estudiar, hacer un oficio o prepararse para el mundo laboral. Es la única forma de que no sea dinero tirado, sino invertido en la gente”, resalta.

También valora el artículo 12 que establece la prohibición de asignar beneficios sociales a personas imputadas por delitos en distinto grado de participación. “Nuestros equipos legales trabajarán en esto; automáticamente perderán el beneficio quienes hayan cometido delitos como hurto u otros”, precisa. A ello, acota que en cuanto a la exigencia de incorporar asistentes sociales, la Provincia lo viene haciendo desde hace tiempo a través del programa Ñachec.

“Cuando fuimos oposición, no nos contestaban los pedidos de informes. Nosotros sí, vamos a responder”

En último término, el secretario de coordinación de Gabinete expresa: “también fuimos oposición y no nos contestaban los pedidos de informes.  Guardaban y escondían los pedidos de informes, pero nosotros sí, vamos a responder porque entendemos que la transparencia es el camino y ya hemos contestado 30 en estos meses de gestión”.