Buscan humanizar los espacios de encierro

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco reúne, en el Complejo Penitenciario N°2 de Sáenz Peña, a representantes elegidos para las personas privadas de libertad pertenecientes a las diferentes unidades penitenciarias de la provincia y a funcionarios del sistema, “para poder entre todos trabajar en la construcción de un diálogo fluido y colaborativo para forjar un sistema penal más humano”, consideran.

“Este es el segundo Consejo Consultivo con la participación de las propias personas privadas de libertad; anteriormente ya lo habíamos realizado con modalidad mixta pero ahora pudieron encontrarse presencialmente para debatir en comisiones y presentar sus propuestas con el fin de humanizar los espacios de encierro. La participación democrática de las propias personas privadas de libertad, que son parte de la comunidad penitenciaria y que se vienen organizando hace un tiempo, son clave para la producción de cambios positivos en las cárceles”, explica al respecto el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Kevin Nielsen.

“El fin es que puedan participar en la toma de decisiones y proponer políticas públicas para mejorar el sistema penitenciario y propender a la resocialización, que es el fin constitucional que tiene la pena privativa de libertad”, resalta.

El acceso a la tecnología y la información como eje para la garantía de derechos

“Recientemente se logró la regulación definitiva del uso de telefonía móvil por parte de las personas privadas de libertad en la Provincia del Chaco (Resolución 676/22), un hecho que pone a la Provincia como la primera en consolidar este derecho y sobre el cual el Comité tuvo especial participación”, destaca el organismo.

Al respecto, Alejandra Ariela Álvarez, comisionada del Comité, explica que el trabajo de celulares y de que las personas privadas de libertad tengan el derecho a la comunicación, es y ha sido uno de los principales trabajos que ha encarado el Comité en el último tiempo.

“Este consejo consultivo, la participación y la articulación con personas privadas de libertad de otras provincias, con jueces, juezas y otras personas que pueden contribuir a este proceso, precisamente se logra a partir de poder contar con el uso de la tecnología”, destaca. A la par que concluye: “Nosotros reivindicamos y trabajamos mucho en este sentido porque de esa manera se garantiza el derecho a la comunicación en el sentido más amplio”.

“Autogestión para mejorar la calidad de vida de la comunidad carcelaria”

Uno de los ejes del Consejo es compartir experiencias entre la comunidad carcelaria, en este sentido, los delegados de las unidades penitenciarias comparten una videoconferencia con una cooperativa conformada por detenidos del penal de Batán de la provincia de Buenos Aires: el “Taller Solidario Liberté”.

“Liberté es un microemprendimiento autogestionado donde cada uno de sus integrantes sueña con una sociedad en paz y con un futuro digno y en convivencia”, reza la descripción de la cooperativa en sus redes sociales; y se trata de un emprendimiento autogestionado 100 por ciento por los mismos detenidos con el fin de mejorar su calidad de vida.

“Hoy el objetivo principal de Liberté es la recuperación de derechos y dignidad; pero para poder recuperar derechos y dignidad hacen falta recursos económicos. Trabajamos para generar unidades productivas propias, nuestras, para generar recursos, para que cada preso que labura tenga su dinero, pero además para poder mantener todo el espacio que es Liberté”, explica uno de sus representantes, Xavier “Pampa” Aguirreal.

“Un medio para acabar con las malas prácticas”

Por su parte, Hector Mario Ponce, representante del consejo de internos formado en el Penal N° 2 de Sáenz Peña, considera que el Consejo Consultivo es una valiosa herramienta, “es un medio para llegar al fin de acabar con las malas prácticas que se hayan enquistadas y lo único que hacen es profundizar la estigmatización que existe sobre la población carcelaria”, apunta.

“Buscamos mediante este consejo consultivo llevar adelante prácticas útiles que nos permitan finalizar con la violencia institucional, la estigmatización del preso y sobre todo acabar con esa cultura que existe hoy que hace que la población carcelaria no disminuya, sino que aumente. Nosotros creemos realmente que la única manera de lograr que las cárceles disminuyan y en un futuro desaparezcan es mediante la profundización en tareas reales que lleven a la educación y a la cultura del trabajo”, finaliza.

Por una nueva Ley de Ejecución Penal

Durante el encuentro, los delegados de las personas privadas de libertad, en concordancia con las autoridades, plantean la necesidad de que la provincia del Chaco cuente con una Ley de Ejecución Penal propia. Desde la Subsecretaría de Justicia se comprometen a la elaboración de un proyecto de Ley de Ejecución de la Pena que cuente con la participación de amplios sectores vinculados a la realidad carcelaria, incluidos representantes de las propias personas privadas de libertad.

La Ley de Ejecución Penal es la que regula todo lo que sucede con los internos una vez que son condenados, lo que se busca es contar con una legislación adaptada a la realidad local.

Por otro lado, los delegados también plantean la necesidad de contar con unidades adecuadas a las distintas etapas del cumplimiento de la pena, a medida que se van acercando a la libertad; teniendo en cuenta que la provincia cuenta con solo una unidad de pre-egreso que no tiene diferencias sustanciales respecto al resto. Un planteo similar  se realiza respecto a la sectorización, poniendo en cuestión la necesidad de mejorar la distribución de las personas a modo de estimular a quienes tengan conducta y muestren voluntad de cambio.