“Todo indica que avanza en acuerdo de los bloques de la UCR y el CER de Gustavo Martínez, la posibilidad de sancionar una Ordenanza que tendría por finalidad concretar la creación de un ente jurídico que decidieron llamar en la iniciativa impulsada, ‘Empresa del Estado Municipal’, ya que el encuadre legal dista mucho de ello”, anticipa el concejal Fabricio Bolatti.

“Del análisis sobre los efectos que tendrá en la realidad de la ciudad, no evidencia otra cosa que buscar profundizar el proceso de delegación y concentración de funciones y facultades en cabeza del actual intendente, quien además del manejo discrecional de los recursos municipales pasaría a evitar los controles sobre el uso de los mismos, así como la obligación de publicar en el Boletín los actos administrativos, de aplicar el Estatuto del Empleado Municipal logrando sortear derechos laborales consagrados, y además tendría ilimitada la posibilidad de ingresar personal nuevo para atender las funciones municipales”, considera el representante del Frente Chaqueño. A lo que seguidamente expresa: “En síntesis, pasa a ser prácticamente, el dueño de la Institución Municipal”.  

“Se pudo observar el voto conjunto de ambos bloques (UCR+CER) logrando el dos tercios que permitió el ingreso fuera de hora de la iniciativa, algo no muy común en las sesiones, para luego legitimar una convocatoria de un día para el otro, a reuniones de Comisión en pleno receso administrativo, concesión no menor, ya que de las mismas surgen despachos que podrían ser usados para justificar el fugaz tratamiento y aprobación que se pretende”, expone Bolatti.

“Una empresa municipal pero privada, podría tomar a cargo importantes funciones municipales” 

“Así de simple, la empresa que se crearía por Ordenanza pero que sería diseñada, integrada y conducida por el intendente, sería la encargada de realizar las tareas de servicio de limpieza, higiene y saneamiento, así como recolección, traslado y disposición final de todo tipo de residuos, mantenimiento de espacios municipales y hasta prestar servicios públicos municipales, si así se justifica”, indica en un comunicado.

“Régimen de compras y contratación, e ingreso de personal” 

Así también, señala que “sería el establecido por el intendente, no siendo aplicable la Ordenanza N°2.873 que establece el Régimen General de Contrataciones Municipales, por lo que podría comprar y contratar de la forma y en las condiciones que desee. También tendría las facultades para diseñar la estructura de personal, disponer y hacer ingresar los que considere necesario, siendo su función también, la de establecer las remuneraciones”, menciona. 

“Ente Autárquico y ‘libre’ de formalidades y de controles”

“Del texto del proyecto oficial, surge con mucha fuerza el carácter de ‘autárquico en lo funcional, administrativo, técnico, operativo y financiero’ para el nuevo ente municipal, dejando ver como acción puntual que el Departamento Ejecutivo podrá por sí solo, transferir recursos y bienes del Municipio a la nueva empresa, quien hará las contrataciones de lo que considere necesario para cumplir el objetivo buscado”, apunta.

“Sin necesidad de rendir cuenta ni publicar, menos aún el acceso a la información” 

“No solo buscan sacar del Régimen de Contratación Municipal a la nueva empresa, sino también buscan establecer que sobre esta ‘inconstitucional creación’, tampoco rija el derecho público, ya que la encuadran en el derecho privado, el Código Civil y Comercial y esta nueva ordenanza que surge con este contenido”, reza el escrito.

“El libre acceso a la información también vuelve a ser coartado, ya que se evitarían  la publicación de los actos de gobierno municipal, lo que hoy en forma sintética se realiza en los Boletines Electrónicos Municipales, donde se deben publicar las Ordenanzas, Resoluciones y Declaraciones del Concejo, como las correspondiente a la Intendencia, así, incluyendo los llamados a Licitación, Edictos, balances de Tesorería, etc., del Municipio”, estima el concejal del Frente Chaqueño.

“Esta información que tiene sus permanentes retrasos, fue fundamental para conocer, evaluar y denunciar -en muchos casos- irregularidades de la gestión local, porque cuando son tan grandes las diferencias, bastan algunas comparaciones y relaciones de información, para poder detectar inconsistencias que justifiquen otras acciones o procedimientos”, amplía.

“Sabiendo que publicado un llamado a licitación (a lo Aída Ayala – transporte 14 años - más de 10 para el caso de los camiones compactadores de PIM), por más de una década en condiciones que no se van a conocer por un tiempo, pero que seguramente serán inmejorables, como es el caso de los montos para obras públicas contratadas con la empresa exclusiva y preferida por la actual gestión (si observamos la realidad la empresa ENEDSE SRL, gana la gran mayoría de las licitaciones para luego poder ceder o subcontratar), puede ser un riesgo muy grande, ya que va a llamar fuertemente la atención el valor alcanzado, como lo hacen las obras para el Domo y Parque 2 de Febrero por más de 700 millones de pesos, o la Laguna Arguello por alrededor de 300 millones de pesos, o la misma plaza central por más de 300 de pesos, de las cuales poco se puede encontrar implantado como inversión, entre otras, debe ser otro aspecto a sortear con la creación de esta ilegal empresa”, concluye.