Causa Conscriptos: Piden penas de 8, 10 y 15 años
En la mañana de este lunes 23 tiene lugar la presentación de los alegatos acusadores en la causa denominada Conscriptos, por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
La audiencia se desarrolla en modo remoto por videoconferencia. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, de la provincia de Chaco, y su par de Nación, representadas por los abogados Duilio Ramírez y Manuel Brest respectivamente, inician la ronda de alegatos. Luego siguen los fiscales federales Diego Vigay, Walter Romero y Carlos Amad.
Ambas partes peticionan penas que van de 8, 15 y 18 años de prisión según la acusación específica a cada uno de los diez imputados sobre la base de una acusación por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima.
La causa pasa a cuarto intermedio hasta el viernes 27, a las 9 horas, cuando el defensor oficial Juan Manuel Costilla presentará su alegato, en representación de 7 imputados. Se espera que luego continúen los defensores particulares Ricardo Osuna y Rocío Ramírez.
El tribunal que lleva el juicio oral es integrado por la presidenta jueza Noemí Berros, la jueza Liliana Graciela Carnero y el juez Roberto López Aranjo, conectados por sistema de videoconferencia desde sus jurisdicciones originales de Paraná, Entre Ríos.
La presidenta Noemí Berros precisa que, en principio, la sentencia será dada a conocer el jueves 23 de junio. El abogado Duilio Ramírez plantea el pedido por parte de familiares de víctimas de que el dictamen sea realizado en modo presencial en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, en función de la “importancia social” y carácter público de este proceso. La jueza Berros anuncia que esa posibilidad será analizada pero que dependerá del cronograma de otros debates e instancias judiciales, con causas en el tribunal de Paraná, y también en Formosa, Misiones e incluso Resistencia.
En este juicio oral se juzgan crímenes cometidos contra Ricardo Uferer y Eduardo Luque, militantes políticos que realizaran la conscripción en el Regimiento La Liguria de Resistencia a mediados de 1.976 y son secuestrados y llevados al centro clandestino de detención que funcionara en la ex Brigada de Investigaciones, actual Casa por la Memoria. Además, se suman las denuncias de torturas cometidas por el comisario general Domingo Mora.
Juicio y castigo
A continuación, el listado de los pedidos de pena de las partes acusadoras.
Gabino Manader: 15 años de prisión por considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima en dos hechos.
José Francisco Rodríguez Valiente: 12 años de prisión por considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad en dos hechos.
José Marín: 8 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima en un hecho.
Juan de la Cruz López: 12 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados en dos hechos.
Roberto Domingo Mora: 18 años de prisión por el delito de tormentos agravados en perjuicio de Saturnino Ferreyra, Norma Medawer , Santiago Almada y de privación ilegítima en un hecho.
Miguel Ángel Vittorello: 12 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad en dos hechos.
Ernesto Simoni: 10 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados en un hecho.
Ricardo Reyes: 12 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad en 2 hechos
Aldo Martínez Segón: 15 años de prisión por considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima en dos hechos.
Luis Alberto Patetta: 12 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad en dos hechos.
En todos los casos la pena solicitada tiene en cuenta que al momento de la comisión de los hechos el máximo de pena temporal para la pena privativa de libertad en el concurso de delitos es de 25 años (aplicando la Ley más benigna).