Impulsada por el Poder Ejecutivo, se sanciona la ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2.023, la emergencia económica y financiera, originariamente declarada por la Ley 2.425-F y sucesivamente prorrogada. Además, la ley adecúa la norma a la actual coyuntura, con el objeto de proteger los fondos públicos de embargos e inhibiciones como consecuencia de deudas, tanto exigibles como contingentes que, dada su naturaleza y magnitud, no pueden ser programadas.

En particular, se incorporan al objeto de la emergencia "las deudas de carga de la provincia originadas en toda sentencia judicial firme, con independencia de la causa que la motivó", y se entiende como comprendidas en la ley "a las entidades de los subsectores 4 y 5 del sector público provincial, conforme se establece en el artículo 4º de la Ley N° 1.092-A, con exclusión del Nuevo Banco del Chaco SA, Laboratorios Chaqueños S.A. y Ecom Chaco SA".

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Hugo Sager, destaca que "podemos tener matices respecto de cómo vemos la situación de nuestra provincia en materia financiera y económica, pero consideramos que la ampliación de este proyecto de ley es necesaria para dar tranquilidad, para dar previsibilidad", y agregó que si bien este punto motivó la inquietud de algunos legisladores, "en la comisión manifestamos que las dudas debían y podían ser evacuadas por las autoridades económicas de nuestra provincia, y tenemos entendido que algunas de esas comunicaciones existieron y seguramente de las mismas, habrá surgido la claridad de la posición que sustenta la pertenencia de este segundo punto en el proyecto de ley".

"Nuestra provincia lo necesita, cuando nosotros estábamos aprobando nuestro presupuesto se estaba discutiendo a nivel nacional un presupuesto que lamentablemente no solo no fue aprobado, sino que fue rechazado, y hoy es una de las incertidumbres que existen; y hoy se está discutiendo en el Congreso nacional de la onu de acuerdo con el FMI que ha tenido media sanción y eso también tiene que ver con la previsibilidad que tenemos que garantizar para las arcas públicas", sostiene.