Con 18 votos del bloque Justicialista y Concertación Forja, se sancionó la Ley 2629-A que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2017, a partir de su vencimiento, la declaración de Emergencia Económica y Financiera de la provincia del Chaco dispuesta por la Ley 2425-F (antes Ley 7751), prorrogada por las Leyes 2471-A (antes Ley 7825) y 2558-A (antes Ley 7949). Los legisladores del interbloque Cambiemos votaron el archivo de la iniciativa, y los diputados del Frente Grande y Libres del Sur su permanencia en cartera.

La diputada Beatriz Bogado, titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, recordó los fundamentos que llevaron a la sanción original de la norma y las sucesivas prórrogas, en particular, en torno al fallo en la causa iniciada contra el Estado por trabajadores judiciales. “Particularmente y llamativamente una cuestión sectorial ponía en jaque la posibilidad que el Estado funcione correctamente”, señaló.

Acotó que “el Poder Ejecutivo y Legislativo trabajamos para la cancelación de la deuda surgida de ese fallo, así se sancionó la Ley de crédito y el decreto reglamentario para poder instrumentar el mismo, en el cual el Ejecutivo plantea una modalidad de pago priorizando cuestiones como discapacidad o edad avanzada, en este esquema dice el informe que se adhirieron en aquel momento 1342 actores al plan de cancelación de deuda”.

Señaló luego que “esta prórroga vence el 30 de junio y proponemos una nueva prórroga al 31 de diciembre de 2017, tenemos más del 60 por ciento de los actores comprendidos en esa sentencia con un mecanismo de adhesión y proceso de cancelación de la deuda”. Y aclaró que “la ley tiene una sentencia en el STJ de inconstitucionalidad, no es una sentencia firme, ha dicho el Fiscal que tiene una apelación y corresponde la prórroga para que la ley siga siendo operativa”.

“Están en proceso de cancelación unos 800 expedientes; en todos los expedientes judiciales que todavía se están tramitando están iniciados los pedidos de embargo sobre las cuentas del Estado Provincial, y todavía -y a pesar que consideramos que la ley sigue operativa- hay 100 millones de pesos embargados, lo que refleja que el peligro que se continúen embargando las cuentas provinciales porque sigue vigente”, sostuvo.

Por otra parte, enfatizó que “esta Legislatura no puede soslayar el contexto económico que vive la provincia, aprobamos un crédito para cubrir el déficit del presupuesto 2016 y un presupuesto 2017 con un déficit de casi 3 mil millones de pesos, aprobamos otras leyes de emergencias, como la industrial, textil algodonera, y además hay otros proyectos de presentados por diputados de distintos bloques, que plantean la emergencia alimentaria, la emergencia agropecuaria, ganadera y productiva en varios departamentos de la provincia, la emergencia de la actividad forestal, industrial y ladrillera, etc.”.

La diputada se refirió también a la sentencia de inconstitucionalidad que planteó el STJ. Al respecto, expresó: “entiendo, - en la lectura de alguien que no es abogado pero que tiene trayectoria - que tiene un sesgo político, porque hubo otros momentos en la provincia en los que se votaron leyes de emergencia que a las claras eran inconstitucionales, y sin embargo, fueron declaradas constitucionales por este Superior Tribunal; como por ejemplo la 4941 sancionada en el año 2001 que autorizó la emisión de los bonos Quebrachos, o la Ley 2256 sancionada en el año 2005 que definió un descuento del 5 por ciento compulsivo, para los empleados activos y pasivos”.