Integrantes de la MoWiTob, organización que nuclea a representantes de los pueblos moqoit, wichí y toba de la provincia del Chaco, se acercaron este lunes al Superior de Justicia del Chaco para interiorizarse de la marcha de las acciones judiciales presentadas ante el organismo, expresando su disconformidad con el proceso de entrega de tierras que lleva adelante el Gobierno provincial en la zona de la llamada “Reserva Grande”.
En octubre, esta organización indígena presentó ante el órgano máximo de la justicia provincial un “planteo de inconstitucionalidad” por considerar que “el procedimiento del Gobierno Provincial viola la Constitución, al adjudicar tierras en forma fragmentada, otorgar títulos a terceros y realizar consultas parciales a los pueblos indígenas”.
En esta ocasión, los representantes indígenas fueron recibidos por Lisandro Yoris, secretario de Superintendencia del Superior Tribunal, quien les hizo saber el estado de sus expedientes.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La “Reserva Grande”, unas 300 mil hectáreas ubicadas al sur del Río Bermejito, en la zona de El Impenetrable, fue adjudicada a los pueblos indígenas por la reforma de la Constitución del Chaco de 1994. En los últimos años se avanzó con una propuesta que adjudicaba 100 mil hectáreas para cada pueblo, relocalización de las familias criollas y titularización comunitaria de la reserva a nombre de la MoWiTob.
Sin embargo, a fines del 2013, el defensor del pueblo de la Provincia de Chaco, Gustavo Corregido, recomendó al gobernador Jorge Capitanich, “que suspenda la entrega del títulos hasta tanto se determinen los derechos correspondientes a las familias criollas que habitan la zona de la reserva”.
A fines de 2015, el Gobierno Provincial, a través de 6 decretos realizó una nueva propuesta. Según Cristian Aguirre, apoderado legal de la MoWiTob, “este proceso es inconstitucional, ya que se adjudica tierras a pobladores criollos, reubica al pueblo wichí fuera de la reserva y se realizó mediante un proceso de consulta viciado de nulidad”. A través de un comunicado a la opinión pública, las organizaciones indígenas, junto a instituciones de la sociedad civil hacen un llamado al Superior Tribunal de Justicia del Chaco, expresando:
“Estamos convencidos que hacer lo prohibido por la Constitución lastima profundamente nuestra Democracia. Por eso esperamos que el Superior Tribunal, al que hemos escuchado hablar del Convenio 169, del Pacto de San José y de tantas normas que reconocen derechos indígenas, escuchen nuestro reclamo, y beneficien al Pueblo del Chaco con más y mejor Democracia.”
