Este 9 de noviembre se realizará una nueva audiencia pública para determinar el costo del servicio de transporte público en el área metropolitana. Para esta ocasión, se había acordado con la Subsecretaría de Transporte provincial, en presencia de una juez, una metodología para el estudio de costos, la cual no fue cumplida.

En este sentido, tras el estudio del informe de costos, la Defensoría del Pueblo encontró nuevos incumplimientos para la realización de la audiencia pública.

“La Subsecretaría de Transporte de la Provincia asumió un compromiso en una de las audiencias de conciliación y lo ha incumplido absolutamente”, expresó el defensor del pueblo, Gustavo Corregido.

Por su parte, el técnico de la Defensoría del Pueblo, ingeniero Daniel Retamozo, señaló que “la audiencia se materializó a través del Decreto Provincial 2.149/18, el cual viola las garantías constitucionales en relación a las audiencias públicas y preceptos legales provinciales, lo cual ha sido comunicado al juzgado que lleva el caso”.

Recordó también que “la Subsecretaría se comprometió ante el juez a realizar una nueva metodología de cálculo de la tarifa de Transporte Público basada en la Resolución 37/13 del Ministerio de Transporte de la Nación, con las adecuaciones correspondientes al ámbito local de acuerdo a la Ley 8-T (ex Ley 95), y/o condiciones y/o situaciones particulares del transporte Provincial”.

Cabe rescatar que la Ley 8-T establece en su artículo 27: “Previa a la convocatoria a audiencias deberá estar disponible la información referida a la cuestión”, obligación ignorada en el Decreto de convocatoria 2.149/18, y “mucho más por la información incompleta que fuera enviada a nuestro instituto a fin de ser evaluada”.

Además, se presentó a la Defensoría del Pueblo el estudio de costos de la Municipalidad de Resistencia, el cual establece un costo del transporte urbano sensiblemente menor al de la jurisdicción provincial.

“Hemos observado que ambos estudios presentan una metodología de cálculo similar, y nos encontramos abocados a la determinación de los motivos de las diferencias de costos mencionadas, a fin de verificar si ellas se encuentran debidamente justificadas”, aseguró Retamozo.

Sobre esta situación, Corregido explicó que “las metodologías utilizadas por ambas jurisdicciones - municipal y provincial – no son representativas del sistema de transporte del área Metropolitana del Gran Resistencia, motivo por el cual solicitaremos las medidas pertinentes a fin de corregir las irregularidades”.

Para finalizar, el defensor del pueblo dijo: “Dimos un marco regulatorio al estudio de costos, lo que también daría certezas sobre los aumentos a usuarios y empresas, pero los funcionarios provinciales no quisieron cumplirlo”, por lo que aseguró que “plantearemos la nulidad de la audiencia pública”.

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